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Thursday, 2 April 2009

Artículo sobre Mineración y Fondo Fideicomiso en Las Bambas, Peru

Fuente: CooperAcción
Boletin Nro. 84
Lima, Peru, abril de 2006


Como parte del aporte social del proyecto, luego de la firma del contrato, se transfirió a la zona de influencia del proyecto US$ 45.5 millones, monto que deberá ser incrementado en US$ 13.5 millones cuando Xstrata AG decida ejercer de manera definitiva la opción de compra. Los US$ 45.5 millones dieron lugar a la conformación de un fondo fideicomiso.

En este informe, buscamos presentar un breve análisis del manejo del fondo fideicomiso que ha sido quizás, uno de los aspectos que más expectativa creó y sobre el cual se ha levantado una gran polémica por la gestión que se viene implementando y el rol asumido por PROINVERSION. El fideicomiso, que fue percibido como un instrumento que iba a ayudar a construir un clima de apoyo y colaboración a favor del desarrollo en la zona del proyecto, se ha terminado por convertir, en esta etapa, en un factor de conflicto.


El fondo fideicomiso

A efectos de establecer mecanismos para combatir la extrema pobreza y en busca de una mejor calidad de vida de los pobladores de las provincias de Cotabambas y Grau, en la Cláusula Séptima del Contrato de Opción, se estipuló la obligación para la empresa XSTRATA AG Suiza de realizar un aporte social, el cual sería depositado en un fondo de fideicomiso. Dicho fondo inicialmente tuvo su fundamento legal en el Decreto de Urgencia Nº 009-2004, (y actualmente en la Ley 28401), el que establece la posibilidad de ejecutar programas de carácter social en el marco de los Decretos Supremos N° 070-92-PCM y 033-93-PCM, con rango de ley. Según la Ley N° 26438 . En el caso del Proyecto Minero Las Bambas contempla la ejecución de proyectos de inversión en beneficio de la población ubicada en la zona de influencia de sus actividades, los cuales se ejecutan a través de un fondo fideicomiso.

Conforme lo establecen las normas citadas, en este fondo, el Estado participa como fideicomitente, representado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN (Resolución Ministerial N° 490-2004-EF/10 y Decreto de Urgencia N° 009-2004). El Consejo Directivo de dicha agencia aprobó el 12 de Agosto de 2004 la creación del Programa Social del Proyecto Las Bambas.

Es necesario precisar que el Aporte Social depositado en un Fondo Fideicomiso llega a convertirse en el Patrimonio Fideicometido, el mismo que será destinado exclusivamente a apoyar iniciativas y acciones a través de proyectos de inversión destinados a contribuir al desarrollo sostenible de las provincias de Cotabambas y Grau del Departamento de Apurímac, ambas consideradas como las zonas de influencia del Proyecto.

El patrimonio fideicometido está constituido por el 50% (US$ 45.5 millones) del monto cancelado a la firma del Contrato de Opción, monto que es destinado como aporte directo al denominado fideicomiso social, que contribuirá para el desarrollo de obras y proyectos sociales en favor de las provincias antes señaladas. Dichas obras consistirían en la implementación de obras en las áreas de educación, salud, transporte, infraestructura, agricultura, ganadería y comunicaciones.

La creación del Fondo de Fideicomiso bajo estas características es considerada una situación relativamente nueva en el sector minero. Por lo que cabe señalar que desde que se instituyó este fondo surgieron disputas entre las autoridades municipales de la Región Apurímac, el Gobierno Regional, la Federación de Comunidades Campesinas y PROINVERSIÓN. Las divergencias giran principalmente alrededor de tres puntos: 1) la presidencia del Consejo Ejecutivo; 2) la decisión respecto de las obras sociales que se ejecutarían con los recursos del fondo; 3) la falta de transparencia respecto del manejo del fondo y de las obras ejecutadas hasta el momento.

Respecto del primer punto, se advierte que los representantes de la zona no sólo reclaman que se les reconozca su derecho a integrar el Consejo Ejecutivo, sino que además la presidencia del citado consejo le correspondería a una autoridad de la zona y no a PROINVERSIÓN, entidad a la que consideraban sin derecho alguno a intervenir en el fondo y mucho menos a participar en la administración del fideicomiso. Recientemente, varios representantes locales han planteado el retiro de PROINVERSIÓN del órgano ejecutivo, o en todo caso, que los representantes actuales de dicho órgano sean reemplazados.

Respecto del segundo punto, las discrepancias surgen al no existir acuerdo respecto del tipo de obras sociales a ejecutarse con los recursos del fondo. Dichas discrepancias existen incluso entre los mismos representantes locales. Algunos señalan que los recursos deben destinarse a la ejecución de obras relacionadas con la agricultura, pues ésta es la principal actividad a la que se dedican los pobladores de la zona y la que se vería más afectada por la actividad minera. Sin embargo, los proyectos aprobados hasta el momento por el Consejo Ejecutivo tienen relación con otros sectores, habiéndose destinado incluso a ejecutar obras de otros compromisos anteriormente asumidos por el Poder Ejecutivo. Se advierte entonces que las decisiones del Consejo Ejecutivo no reflejan el sentir de la población ni sus representantes.

Asimismo, respecto del último extremo, se evidencia la falta de comunicación fluida entre los representantes locales y los pobladores, pues éstos manifiestan en algunos casos no tener conocimiento de las decisiones adoptadas por sus autoridades integrantes del Consejo Ejecutivo, y en otros casos señalan que algunas decisiones son contrarias a la voluntad de las poblaciones de las zonas afectadas. No existe, por lo tanto, un mecanismo definido de participación ciudadana que permita canalizar el sentir de la población, lo cual origina incertidumbre respecto de la legitimidad con la que actúan los representantes locales. Ello se ve acentuado con la poca disposición de algunos dirigentes para implementar medios a fin de documentar e informar a los pobladores sobre el destino y manejo de los recursos.


El reglamento de funcionamiento

Con fecha 29 de octubre de 2004, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN aprobó el “Reglamento de Funcionamiento del Fideicomiso – Aporte Social Proyecto Las Bambas”, creado a fin de establecer el procedimiento para la mejor selección y ejecución de los proyectos de inversión, así como para la administración y el desembolso de los recursos que forman el patrimonio del fideicomiso, que garantice la ejecución oportuna y efectiva de los referidos proyectos, a fin de contribuir y fortalecer al desarrollo integral de la zona de influencia del proyecto , se identifican con claridad nuevos actores e instituciones, con funciones y competencias definidas.

En el citado reglamento se establecieron los órganos, sus roles y funciones dentro del proceso de implementación y ejecución del fondo fideicomiso. Estos órganos son: a) El Consejo Ejecutivo, b) El Comité de Administración y; b) Los Comités Técnicos.

El Consejo Ejecutivo

Es el órgano encargado de aprobar los proyectos de inversión y definir (en última instancia) la prioridad de su ejecución. Esta conformado 7 miembros: a) El Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN o la persona designada por esta entidad, quien a su vez preside el Consejo;
b) El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Cotabambas;
c) El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Grau;
d) El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, representando a los municipios distritales de la Provincia de Cotabambas;
e) El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, representando a los municipios distritales de la provincia de Cotabambas;
f) El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Progreso, representando a los municipios distritales de la Provincia de Grau; y
g) El representante de XSTRATA PERU S.A.

Este órgano tiene una duración de 2 años y conforme se establece en el reglamento, fue creado con la finalidad de: 1) Promover el desarrollo sostenible de la zona de influencia del proyecto, a través de la ejecución eficaz y eficiente de los proyectos de inversión con los recursos del fondo de fideicomiso; 2) Concertar las políticas sociales en una perspectiva de desarrollo humano y sostenible de las Municipalidades Provinciales de Grau y Cotabambas, sus distritos, centros poblados y comunidades campesinas; 3) Establecer acciones, procedimientos y normas para la ejecución de los proyectos de inversión para una administración eficaz y eficiente; y 4) Promover la participación de la ciudadanía, las instituciones del Estado y del Gobierno Nacional, así como del sector privado, mediante convenios interinstitucionales, en la ejecución de los proyectos de inversión.

Con fecha 14 de Octubre del 2004 se constituyó el Consejo Ejecutivo del Fideicomiso Aporte Social Proyecto Las Bambas, el cual, además de los integrantes antes mencionados, en uso de la facultad establecida en el Art. 4º del Reglamento, ha incorporado a los Consejeros Regionales de Grau y Cotabambas en el Gobierno Regional de Apurímac.

Sin embargo, como se señaló anteriormente, debido a la falta de mecanismos para canalizar la opinión de los ciudadanos e informarlos respecto de los actos del Consejo Ejecutivo, este órgano estaría haciendo caso omiso a lo establecido por el citado Numeral Cuatro, pues se logra evidenciar que no hay una participación de la ciudadanía en todo el proceso de aprobación de un proyecto, lo cual es grave pues su finalidad es que éstos se reviertan en beneficio de la población para lograr un desarrollo sostenible en estas zonas. Esta es una de las causas que originan el rechazo de los pobladores a las decisiones del Consejo Ejecutivo y hacia algunos de sus integrantes.


El Comité de Administración

Está conformado por 3 miembros designados por el Consejo Ejecutivo. Tiene una duración de 3 años, y sus funciones son: 1) evaluar los proyectos de inversión presentados por los comités técnicos; 2) aprobar preliminarmente los proyectos de inversión y presentarlos para su aprobación del Consejo Ejecutivo; 3) efectuar acciones necesarias para cumplir los acuerdos que adopte el Consejo Ejecutivo; 4) implementar directamente los acuerdos del Consejo Ejecutivo a través de las contrataciones necesarias para la ejecución de los proyectos de inversión; y 5) aprobar el perfil de los proyectos de inversión que podrán ser recibidos de los comités técnicos, dando cuenta al Consejo Ejecutivo.

Los Comités Técnicos

Son los órganos locales encargados de elaborar y presentar al comité de administración los proyectos de inversión, para su evaluación y posterior presentación al Consejo ejecutivo.

Existen 2 comités técnicos, que representan respectivamente a la Municipalidad Provincial de Cotabambas y Grau, integrado cada uno por un máximo de 5 personas, las cuales deberán mantener independencia al no tener relación laboral o contractual con los gobiernos locales en mención ni con el sector público.


Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones para la ejecución de proyectos de inversión del Fideicomiso

Según lo señalado en el Reglamento de Funcionamiento del Fideicomiso – Aporte Social Proyecto las Bambas, para la implementación y funcionamiento del Fideicomiso , corresponde al Consejo Ejecutivo establecer acciones, normas y procedimientos para la ejecución de los Proyectos de Inversión con los Aportes Sociales, en los sectores de Educación, Turismo, Industria, Infraestructura, entre otros.

De conformidad con lo antes señalado, este Consejo estableció el “Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones para la ejecución de Proyectos de Inversión del Fideicomiso”, en busca de una administración eficiente y eficaz del Patrimonio Fideicometido.

El citado Reglamento tiene por objetivo establecer las disposiciones generales aplicables a los procedimientos de adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios y ejecución de obras, que fuesen necesarias para desarrollar los Proyectos de Inversión dentro del marco del fideicomiso.

Se establecen en el citado reglamento los tipos de procesos de selección existentes para la celebración de los contratos necesarios para la ejecución de los proyectos. Dichos procesos estarán a cargo del Ejecutor, el Comité de Administración o a quien este tenga a bien designar. El Comité de Administración aprobará los términos de referencia de cada proceso. Por su parte, el Consejo Ejecutivo estará facultado para la elaboración de las bases y la aprobación del proceso.

Dentro de lo establecido en el marco normativo señalado es que, con fecha 13 de Abril del 2005 se anunció que el Consejo Ejecutivo del Fideicomiso Social del Proyecto Las Bambas había aprobado 47 proyectos de desarrollo en beneficio de los distritos y comunidades de las provincias Grau y Cotabambas. Los proyectos demandarían una inversión de 93 millones de Nuevos Soles, consistirían en la implementación de obras en las áreas de educación, salud, transporte, infraestructura, agricultura, ganadería y comunicaciones.

Asimismo, con fecha 11 de Mayo del 2005 se informó que el Consejo Ejecutivo del Fideicomiso Social del Proyecto Las Bambas invertiría 16.4 millones de Nuevos Soles en obras de salud y saneamiento, a beneficio de los pobladores de las provincias de Grau y Cotabambas. Para el Sector Salud se ha acordado destinar un fondo de 3.4 millones de Nuevos Soles, de los cuales 1.3 millones serán para mejorar el Centro de Salud de Progreso, ubicado en Grau. También se ha previsto entregar 741 mil Nuevos Soles para la ampliación del Centro de Salud de Mara en Cotabambas.

Con fecha 22 de Julio del 2005, al amparo de lo establecido en el Numeral 2.1.4 del Reglamento, se suscribió el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre las Municipalidades Provinciales de Cotabambas y Grau con el Fideicomiso Aporte Social Proyecto Las Bambas, representado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada PROINVERSIÓN. De esta forma, los dos municipios provinciales y los 20 distritos que los conforman, podrán participar en la ejecución de los proyectos de desarrollo sostenible - bajo la suscripción de convenios específicos - que lleva adelante el fideicomiso en las áreas de influencia del Proyecto Minero Las Bambas, con una inversión que bordea los 100 millones de Nuevos Soles.


Algunas conclusiones

A algo más de un año de otorgada la buena pro del proyecto Las Bambas, queda la sensación que pese a las oportunidades que generaron algunos aspectos referidos al marco legal de la transferencia como el denominado aporte social del proyecto y un anexo que buscaba definir las “condiciones sociales para la explotación del Proyecto Minero Las Bambas”, no se ha podido crear aun un clima favorable entre los diferentes actores que permita construir relaciones de respeto y colaboración. Por el contrario, rápidamente se ha creado una situación de discrepancia y hasta confrontación sobre aspectos sensibles referidos al proyecto.

Sin lugar a dudas el principal tema de debate y discrepancia gira en torno al tema del fideicomiso. El proceso de conformación e implementación del fondo fideicomiso no ha contado con adecuados mecanismos de representación, generando una situación de conflicto en la región debido a la exclusión de actores claves como las comunidades campesinas y el gobierno regional. La actual conformación del fondo fideicomiso carece de credibilidad y demuestra un manejo transparente, lo cual ha provocado críticas y hechos de protesta.

Es preocupante que el fideicomiso que fue percibido como un instrumento que iba a ayudar a construir un clima de apoyo y colaboración a favor del desarrollo en la zona del proyecto, se haya convertido en un factor de conflicto. Se hace necesario revisar estrategias y las actuaciones de cada uno de los actores comprometidos en este proceso.

Se puede identificar un agrupamiento de actores que significan al mismo tiempo la creación de brechas. Por un lado, tenemos al grupo de alcaldes de ambas provincias y ProInversión cuya alianza gira en torno al manejo excluyente del fideicomiso. Otro grupo está conformado por un número importante de comunidades campesinas y federaciones distritales y provinciales que se articulan en torno a la demanda de mayor apertura del fondo. Y finalmente un conjunto de actores regionales, como el Gobierno de Apurímac, la Asociación de Municipalidades, organismos no gubernamentales, universidad, colegios profesionales y la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza; quienes han conformado la “Mesa de Minería y Desarrollo Regional” (MMDR).

Pese a las articulaciones logradas, las discrepancias y enfrentamientos ocurridos, todos estos grupos no representan alianzas consolidadas. Esto se debe a que nos encontramos en una fase muy inicial de desarrollo del proyecto , a la frágil institucionalidad del tejido de actores en la región y la ausencia de estrategias y planes que respalden un trabajo sostenido.

La empresa Xstrata se encuentra en una situación expectante y hasta el momento bastante cómoda en la medida que su actuación, hasta el momento, no ha sido el blanco de críticas. Pese a tener una presencia en el comité ejecutivo del fideicomiso, su actuación en este espacio ha estado acompañada por un trabajo sostenido e independiente que se ha orientado a construir relaciones con sus entornos poblacionales directos.

En este contexto general, es preocupante la actuación del Estado. Podemos identificar los siguientes aspectos críticos: la intermitencia de las acciones desplegadas, la ausencia de una estrategia integrada, las discrepancias entre algunos de sus organismos y la falta de recursos, capacidades y liderazgo en el Ministerio de Energía y Minas. Cabe indicar que desde octubre el puesto de viceministro de Minas se encuentra vacante y la anunciada Dirección General de Asuntos Sociales hasta el momento no ha sido implementada.

Los errores cometidos por el Ministerio de Energía y Minas y el incumplimiento de algunos acuerdos alcanzados han terminando agudizando algunos conflictos. Por ejemplo, luego de una visita de dirigentes campesinos a la ciudad de Lima, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) se comprometió a convocar a una reunión de trabajo con los integrantes del consejo directivo del fondo. La reunión fue convocada el 17 de octubre y ningún representante del Ministerio asistió y sin las consultas respectivas fueron cambiados la fecha y el lugar.

Pese a todos los inconvenientes identificados, se puede notar que actores importantes muestran una voluntad de diálogo y de querer evitar estallidos de conflictos. Por ejemplo, esta opción está claramente manifestada entre las principales directivas de las organizaciones campesinas de la zona y entre los integrantes de un espacio como la “Mesa de Minería y Desarrollo Regional” (MMDR) de Apurímac. La empresa Xstrata, también ha manifestado que está dispuesta a participar y contribuir en la creación y desarrollo de una instancia de diálogo.

Por lo tanto, pese a que se ha desperdiciado un valioso tiempo, todo indica que el camino a seguir pasa por conformar en lo inmediato una comisión que promueva el diálogo entre los actores del proyecto minero Las Bambas y posibilite la salida de los problemas existentes.

Ello implica recomponer relaciones, abordar los aspectos críticos que han sido identificados, identificar a los actores claves que deben estar involucrados en el proceso de diálogo y definir lo que debería ser una agenda de trabajo. Las oportunidades y el tiempo perdido en el primer año de desarrollo del proyecto, debe ser recuperado buscando generar condiciones adecuadas para la concertación entre actores. Este esfuerzo permitirá que el proyecto minero se desarrolle en condiciones adecuadas; es decir respetando los derechos de las poblaciones vecinas y aportando al desarrollo sustentable de las provincias de Grau y Cotabambas y la región de Apurímac.

Wednesday, 1 April 2009

Artigo: Justiça Ambiental


Por: Padre Dário Bossi*

Fonte: Adital

"Cá entre nós, o Banco Mundial não deveria incentivar mais a migração de indústrias poluentes para os países menos desenvolvidos?"

Esse memorando de circulação restrita (relatório Summers, 1991) mostra com evidência a política ambiental do Banco Mundial, dos G8 e também dos grandes empreendimentos que deveriam promover "aceleração de crescimento" em nosso Brasil (os movimentos sociais definem o PAC como "Programa de Agressão às Comunidades").

Em função de um progresso inevitável e cada vez mais acelerado, os países da periferia do mundo servem como reserva preciosa de recursos; de 1990 até hoje assistimos a um verdadeiro boom da mineração: a América Latina aumentou a cota de produção mundial de minério de 21% durante dez anos; na África houve um crescimento de 13% em 7 anos; alguns casos específicos como o Ghana são estarrecedores: +700% nos últimos vinte anos!

O outro lado da cadeia produtiva, a produção de lixo e poluentes precisa também de canais de escoamento: novamente, os escolhidos são os países do sul do mundo (num artigo polêmico, em 1992, a revista inglesa The Economist titulava "Let them eat pollution": "Deixem que comam poluição").

O apoio das grandes instituições financeiras a esse modelo de progresso é cada vez mais objeto de críticas pelos movimentos ambientais. A Rede Brasileira de Justiça Ambiental escreveu uma carta aberta ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento, reunido em Medellín para sua 50ª sessão anual) criticando os financiamentos públicos a obras de grande impacto sócio-ambiental na América Latina e no Brasil.

É também muito grave a operação financeira do BNDES no mês de Março de 2009: aquisição com dinheiro público, a fim de investimento, de 12% da empresa particular LLX, de Eike Batista. Um Banco que deveria garantir os interesses públicos e financiar o desenvolvimento das camadas mais empobrecidas acaba, ao contrário, vinculando-se diretamente com empresas cujos conflitos ambientais são notórios em várias regiões do País.

O próprio Ministério de Meio Ambiente expediu em 2008 um número recorde de licenças ambientais (467, 100 a mais que em 2007, 70% das quais após a entrada do ministro Minc). O MMA está acelerando a liberação de licenças para o PAC, algumas das quais referidas a empreendimentos altamente impactantes e questionados pela justiça (as hidroelétricas de Santo Antônio e Jirau no rio Madeira (RO) e a Usina Nuclear de Angra 3 (BA).

A partir de tudo isso cresce a indignação e fortalece-se a organização dos movimentos ambientais, cuja maior articulação (a Rede Brasileira de Justiça Ambiental - RBJA) acabou de realizar seu encontro bienal de estudo e planejamento.

A Rede aprofunda e aplica no concreto da realidade brasileira os conceitos de Justiça Ambiental e Racismo Ambiental, categorias que mostram a assimetria da globalização, amplificando a Dívida Ecológica dos países 'desenvolvidos' com as periferias do mundo: "Nenhum grupo étnico, racial ou de classe deve suportar uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas resultantes da operação de empreendimentos industriais, comerciais ou municipais e da execução de políticas públicas".

Uma das preocupações da RBJA nesse contexto de crise econômica é o perigo de flexibilização da legislação ambiental e trabalhista para 'correr em socorro' das empresas e do ciclo de produção e consumo, única solução que até hoje a cegueira neoliberal consegue enxergar.

Nesse sentido cresce o estudo e a aplicação de novos instrumentais, como a Análise de Equidade Ambiental: um mecanismo de avaliação do impacto ambiental que leve em conta não somente as consequências diretas sobre a natureza, mas também incorpore os efeitos sociais, culturais e econômicos de cada empreendimento sobre a população que reside na região atingida.

É sempre mais urgente um real envolvimento da população nos processos de licenciamento das obras, com audiências públicas prévias (ainda antes do Estudo de Impacto Ambiental) e uma constante mediação do Ministério Público para evitar ameaças e dinâmicas de corrupção das lideranças.

A sede de investimentos baratos e pouco vinculados está levando nesses últimos meses as grandes empresas a atitudes violentas e constrangedoras. Recentemente no RJ um líder das comunidades locais em conflito com a Thyssen Krupp e a Vale precisou ser inserido no programa de proteção a testemunhas, devido a ameaças documentadas numa audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio.

A Rede permite mecanismos de solidariedade e denúncia, alianças entre movimentos e a autoridade política suficiente para dar visibilidade às lutas e resistências do povo, que está se articulando e incentivando oposição organizada e alternativas viáveis ao atual modelo de desenvolvimento. A agricultura familiar, a agroecologia, a economia solidária, o turismo comunitário, o controle popular sobre as atividades de grandes empresas, a constituição de Fundos de Desenvolvimento gerenciados por conselhos participativos a partir de percentagens fixas do lucro das transnacionais da mineração, a assessoria jurídica popular das comunidades em conflito: estratégias e caminhos que já deslancharam-se e que não vai ser fácil bloquear!


* Missionário Comboniano

Tuesday, 17 March 2009

PARA QUEM SERVE A VALE?!


Nós temos, a todo instante, nos posicionado no sentido de fazer críticas ao modelo perverso com que a Vale desenvolve a apropriação e a exploração dos recursos minerais no Estado do Pará e principalmente nas regiões sul e sudeste, por entendermos que ela gera riqueza para poucos e miséria, insegurança e desesperança, para a grande maioria da população regional. É o que pretendemos mostrar neste artigo, para aqueles que ainda tenham dúvidas.

Com o excelente desempenho operacional nos trimestres anteriores, a Vale registrou oito recordes anuais de produção em 2008: níquel (275,400 mil toneladas métricas), bauxita (11,7 milhões de toneladas métricas), alumina (5,0 milhões de toneladas métricas), cobre (311,600 mil toneladas métricas), carvão (4,1 milhões de toneladas métricas), cobalto (2,828 mil toneladas métricas), paládio(231,000 mil onças troy) e ouro (85,000 mil onças troy) (Vale – Relatório de Produção 2008).

Vale ressaltar que Parauapebas participou com 32% da extração nacional de ferro, que 84% do manganês foi da mina do azul, em Carajás, 100% da bauxita foi de Oriximiná e Paragominas, 100% da alumina e 83% do alumínio foram de Barcarena, 40% do cobre foi do Sossego e 100% do caulim foi de São Domingos do Capim.

Parauapebas, em 2008, por conta da extração mineral, ocupou o 8º(oitavo) lugar dentre todos os municipios brasileiros, em contribuição para a balança comercial brasileira por município, com 3,8 bilhões de dólares, 37,13% da exportação do Estado do Pará (Secretaria de Comércio Exterior).

Parauapebas, Marabá e Canaã dos Carajás, em 2006, estiveram entre os 10 (dez) municípios mais ricos do Estado, ocupando o 3º, 4º e 9º lugar, com Produto Interno Bruto de R$ 2,9 bilhões, R$ 2,6 bilhões e R$ 700 milhões, respectivamente. Canaã dos Carajás, Parauapebas e Marabá apresentaram 1º (R$ 50.488), 3º (R$31.320) e 5º (13.055) lugar, respectivamente, no que se refere os maiores em renda per capita do Estado (O Liberal, 17.12.2008).

Por outro lado, saindo do que seria riqueza para a pobreza, os municípios da Área de Influência Direta (AID) da Vale (Marabá, Eldorado, Curionópolis, Parauapebas, Canaã, Ourilândia e Tucumã), comparado com o Estado, apresentam os maiores índices de crescimento populacional, criminalidade, roubos, furtos, estupros e tráfico de entorpecentes (Diagonal Urbano, 2006).

O crescimento populacional nestes municípios do ano de 2000 para 2005 representou um percentual de 22,9%, com uma projeção para 2010 de 92,9%. Com um total de habitantes no ano de 2000 de 344.386, em 2005 de 423.361, e em 2010 de 817.268 habitantes (Diagonal Urbano, 2006).

Considerando taxa de ocorrência por 100.000 habitantes. Roubo: Marabá 639, no Estado é de 423 ocorrências. Furto: Marabá, 661, Parauapebas, 574 a 611, Canaã, 365 a 574, e no estado é de 423. Homicídios: Marabá (95), Parauapebas (de 70 a 95), Curionópolis (40 a 70), Canaã (29 a 43), Eldorado (12 a 29), no Estado do Pará é de 18,5. Estupros: Marabá (7 a 7) Parauapebas (6 a 7), Canaã (4 a 6), e no Pará é de 4,6. Tráfico de entorpecentes: Parauapebas (17 a 17), Canaã (12 a 17), Marabá (11 a 12), Curionópolis (9 a 11), no Estado é de 4,86 (Diagonal Urbano, 2006).

Portanto, deixando à parte aqueles(as) que ganham com roubos, furtos, homicídios, estupros, tráfico de drogas, prostituição, especulação imobiliária e outras atividades legais e ilegais, o que interessa para a maioria da população que não tem emprego, moradia, serviços de saúde, educação e segurança? Porque os governos são tão subservientes e aliados da Vale? Por ignorância, incapacidade, migalhas ou por serem mesmo desumanos?

Para os(as) lúcidos(as) não há outro caminho a trilhar senão o da luta sem trégua contra este saque feito pela Vale e esta desavergonhada subserviência dos poderes constituídos. Caso contrário não haverá futuro para a humanidade.

Até a vitória sempre!

Marabá, 15 de março de 2008.
Raimundo Gomes da Cruz Neto

Wednesday, 18 February 2009

Artículo: ¿Vale todo?

¿Vale todo?

Por Gabriel Canihuante
12 de febrero, 2009

Noticias Aliadas -
http://www.noticiasaliadas.org/

La compra de cientos de hectáreas de terrenos rurales, el avance de obras, malas relaciones con la comunidad y temores sobre su futuro, denunciaron organizaciones que se oponen a un proyecto de la megaminera brasileña Vale do Rio Doce en el centro-norte de Chile.

Con una inversión de US$102 millones para producir 18,500 TM anuales de cátodos de cobre, la gigante brasileña, conocida aquí como Compañía Minera Latinoamericana (CMLA), se instaló desde 2005 (para sondeos) en la provincia del Choapa, a 270 km al norte de Santiago, en lo que puede ser el inicio de un vasto trabajo en el norte y centro del país.

El proyecto denominado "Tres Valles" —planificado para operar durante 11 años (2009-2020)— implica la explotación de una mina de superficie (a tajo abierto) y otra subterránea, en las quebradas de Cárcamo y Manquehua, y plantas de chancado y de tratamiento por lixiviación en pilas en la quebrada de Quilmenco.

Noticias Aliadas visitó los valles de Chuchiñí y Chalinga y las quebradas de Quilmenco y Cárcamo para conversar con representantes de organizaciones de Salamanca e Illapel que se oponen a la inversión de esta minera presente en los cinco continentes. El agricultor José Luis Rojo, residente de Chuchiñí, señaló que se sienten "desprotegidos totalmente de las autoridades nacionales.

Acá llegan empresas internacionales con un patrimonio extraordinario, con gente muy bien preparada legal y técnicamente, y enfrentan a un grupo de personas que no tienen mayores conocimientos de lo que vienen a hacer". "Intervendrán sectores muy delicados, de mucha pendiente, donde existe un grupo de pequeñas propiedades y comunidades que viven de la agricultura que serán afectados por la contaminación y la erosión de cerca de 400 Ha", añadió Rojo, miembro del Comité de Defensa del Valle del Chuchiñí, sector donde viven cerca de 900 personas. Gonzalo Vargas, vicepresidente de la citada entidad, estima que la ganadería caprina será afectada casi de inmediato porque esos animales pastaban en el sector de Quilmenco (aledaño a Chuchiñí) que ahora es propiedad de la minera.

"Para nosotros, agricultores que estamos a 2 o 3 km de esa planta, habrá efectos a mediano plazo (5 a 10 años) por la contaminación por aire o por el agua", denunció. Oídos sordos La geógrafa y presidenta del Comité de Defensa del Valle del Chuchiñí, Milca Ulloa, señala que la voz de las comunidades no ha sido escuchada en el proceso de evaluación de impacto ambiental que lleva adelante la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).

"Ellos pretendían que fuéramos a la COREMA [Comisión Regional del Medio Ambiente] simplemente para validar su participación ciudadana, pero nunca pensaron tomar en cuenta las 19 observaciones técnicas que presentamos", dice.

A mediados de enero, la COREMA —integrada por diversas autoridades de la región de Coquimbo— aprobó (por 14 contra 3 votos) una Solicitud de Autorización Provisoria (SAP) para que Vale continúe realizando lo que llaman "obras tempranas".

Este es uno de los recursos legales que permiten a una empresa llevar adelante ciertas obras aunque no haya sido aprobado aún su proyecto mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) exigido por ley para grandes proyectos. En el caso de "Tres Valles", Vale presentó a la CONAMA un segundo EIA en octubre del 2008 luego que retirara el primero. Representantes del Comité de Defensa del Cuchiñí denunciaron que se trasladará una parte de las faenas (la planta de lixiviación) de un sector a otro, pero sin mayores cambios.

"Nuestro gran temor —añade Ulloa— es que los residuos o el ácido sulfúrico que se emplea en el proceso de lixiviación pueden filtrar hacia las napas subterráneas o al sistema hidrológico al que pertenece el río Choapa, principal recurso hídrico nuestro".

Anunció que diversas organizaciones como el Comité de Defensa del Chuchiñí, la Agrupación de Defensa del Valle de Chalinga, la Organización Medioambiental de Salamanca y la Acción Medioambiental Ciudadana de Illapel, se encuentran preparando acciones legales, como un recurso de protección que se presentará a tribunales, para suspender las obras.

"Evaluamos otras acciones mayores porque estamos en todos los frentes. Seguimos trabajando con las observaciones técnicas al segundo EIA", señala. Cristina Farías, dirigente de la Agrupación del Valle de Chalinga, otro de los sectores afectados, afirma que tienen "la convicción de que Vale puede desistir de su proyecto, pero sabemos que es difícil pararlo.

Creíamos que las autoridades políticas nos podían proteger pero estamos peleando con una gran empresa que trae un megaproyecto y también con las autoridades, quienes sólo ven lo económico". ¿Desarrollo sustentable?

El principal argumento de autoridades y algunas comunidades locales para la aprobación de este proyecto es que dará empleo y traerá ingresos que hoy no existen a estas zonas rurales.

Los directivos de Vale en Chile han declarado sus intenciones de llevar adelante un proyecto en el marco del desarrollo sustentable, tal como lo afirman en sus documentos oficiales en Internet. "Tres Valles, más que un proyecto económico, es un proyecto estratégico para Vale.

Es el proyecto con que la compañía quiere entrar a Chile como operación", declaró Carlos Roa, gerente del proyecto Tres Valles de CMLA a la revista Coquimbo, región minera (diciembre de 2008), publicación de carácter corporativo financiada por diversas empresas mineras que operan en esta región.

"Hasta ahora y desde el 2003 estábamos en etapas de prospección y exploración, pero éste sería nuestro primer proyecto en operación", añadió Roa.

El ingeniero agrónomo Marcelo Gamboa, director regional de la CONAMA, sostiene que no es el objetivo de ellos defender a las comunidades frente a las grandes empresas.

"A nosotros la ley de bases (19.300) y el reglamento nos piden administrar el SEIA [Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental] y evaluar a conciencia.

Lo que hacemos es involucrar a la ciudadanía para que al menos esté informada, para que tenga criterios para analizar y opinar fundadamente". Gamboa afirma que Vale ha actuado dentro de los marcos de la legislación ambiental y que si la COREMA aprobó la solicitud de autorización provisoria, lo hizo porque el informe de la empresa era correcto técnicamente.

"Las medidas que se plantean respecto de los impactos ambientales se consideran adecuadas, es decir, las medidas de mitigación, reparación y compensación", declaró a Noticias Aliadas.

Que haya comunidades que se opongan al proyecto y que, no obstante, el Estado conceda a Vale una autorización provisoria para operar, se explica porque "la ley y el reglamento no establecen una vinculación entre los pronunciamientos de la ciudadanía y el pronunciamiento de la COREMA", argumenta Gamboa.

Frente a la desconfianza que las organizaciones tienen en la institucionalidad ambiental, Gamboa recordó que actualmente el Parlamento discute una nueva ley que reemplace a la Ley 19.300 General de Bases del Medio Ambiente.

Artigo: As várias crises de um mesmo modelo

05/02/2009
As várias crises de um mesmo modelo
Karina Kato*

Fonte: http://www.pacs.org.br/

A primeira crise foi a ambiental, demonstrando, de certa forma, a incapacidade do nosso planeta em acompanhar os níveis de produção, poluição e lixo que o modelo atual de sociedade requer. Os níveis de gases de efeito estufa na atmosfera estão tão altos que impedem que o calor da terra ultrapasse esta camada e se dissipe no universo. O resultado dessa equação é o aquecimento global, o derretimento das geleiras, a desertificação de regiões e outras catástrofes ambientais. Seguiu-se a essa constatação, um reforço à tentativa internacional de constranger, por meio de tratados internacionais, a quantidade de “poluição” e destruição cabida a cada país. Tentativa que, frente aos interesses econômicos, industriais e comerciais não foi e não tem perspectivas de ser bem-sucedida. Para se ter idéia da magnitude desta crise, em 2006, o relatório do Banco Mundial estimou em US$ 650 milhões a US$ 1,95 bilhão o custo para reverter o processo de aquecimento global até o final do século. Isso se os governos começassem a se mexer a partir de então.

Os grandes jornais começavam a “esquecer” a tal crise ambiental, quando outra crise recaiu sobre o mundo: a crise alimentar. Os preços dos alimentos dispararam de um dia para o outro, afetando em cheio as economias dos países. Assim como na ambiental, não se pode atribuir apenas um motivo para a crise alimentar, mas um conjunto deles. Em primeiro lugar, destaca-se a tendência nos últimos anos dos países em reduzir os estoques públicos de alimentos e um movimento de elevação do poder nas mãos das transnacionais atuantes no mercado internacional. Em segundo, a elevação no preço do petróleo, que chegou a US$ 140 o barril, e fez com que os preços dos insumos químicos utilizados na produção de bens agrícolas e os custos de transporte também se elevassem. Em terceiro, o aumento da procura internacional por matérias-primas (em particular por grãos como trigo, arroz e o milho) e demandas de países como China e Índia. E, por fim, um crescente movimento especulativo que invadiu também o mercado de commodities, puxando suas cotações para cima. O resultado de tudo isso foi um aumento generalizado nos preços dos produtos alimentares, prejudicando as classes mais pobres no orçamento familiar.

Agora, chega a crise financeira mundial, que já atinge a economia real, resultando em demissões e falências de empresas. As tentativas de contenção do terremoto financeiro já custaram somente ao governo norte-americano, uma quantia equivalente a um terço do PIB dos Estados Unidos, chegando a US$ 4,6 trilhões.

Mas todas essas crises não são crises isoladas. Todas são faces da mesma crise, que denuncia os abusos do modelo de desenvolvimento de cunho neoliberal, excludente e concentrador. Um modelo que possui matriz energética altamente dependente de fontes de combustíveis fósseis, determinando a exploração cada vez maior de recursos naturais; o consumo crescente de água; a manutenção de indústrias poluidoras e a geração elevada de resíduos sob a forma de lixo. Um modelo que ao se reproduzir determina a exploração de muitos por uma camada reduzida da população. Segundo estimativa do Boston Consulting Group, um quinto de toda a riqueza mundial está concentrada em um milionésimo (0,001 por cento) das famílias, com tendência a maior concentração no futuro.

Mas esse modelo de sociedade começa a dar sinais de esgotamento nas mais diferentes áreas, demonstrando que o planeta não pode arcar com a reprodução generalizada dos altos níveis de consumo. A resolução desse impasse, contudo, não se dará de forma marginal. Não serão medidas de “maquiagem” verde, de intervenções pontuais nos mercados ou de salvamento do setor financeiro que vão permitir a sobrevivência da Terra. O sistema como um todo precisa colocar o homem e a natureza no lugar ocupado atualmente pelo capital. Entretanto, nossos governantes e elites não parecem inclinados a pagar este preço. Pelo contrário, as medidas anunciadas vão na direção de “transformar” para manter tudo como está. Até quando vamos esperar a próxima crise?

Para ler outros artigos sobre a crise mundial, baixe a edição especial do Informativo PACS sobre o tema.


* Economista do PACS

Thursday, 12 February 2009

Artigo: Fórum Social Mundial: Tudo está como era antes

Fonte: Envolverde

Lúcio Flávio Pinto é diretor do Jornal Pessoal, que denuncia a corrupção, a impunidade e as consequências econômicas e ecológicas da exploração da Amazônia
12/02/2009

Por Lúcio Flávio Pinto*

Belém, fevereiro/2009 – Belém é uma das cidades com menor área verde do Brasil, apesar de ser a porta de entrada para a Amazônia, que possui um terço das florestas tropicais do planeta. As áreas verdes mais extensas da cidade ficam nos campi das duas universidades federais que, por uma semana, hospedaram a nona edição do Fórum Social Mundial (FSM), concluído no dia 1º deste mês. Os prados dos campi estão cercados pelos dois bairros mais povoados e perigosos da cidade, Gaumá e Terra Firme, onde vivem 10% dos 1,4 milhão de habitantes de Belém e 14% da criminalidade é registrada.

Guamá se expandiu com a chegada de imigrantes do interior, expulsos de suas terras nativas pela súbita invasão de novos colonos que introduziram a exploração pecuária e florestal, principal causadora da maior destruição de florestas da história da humanidade: uma superfície equivalente a três vezes a extensão do Estado de São Paulo em apenas quatro décadas. Terra Firme inchou com a instalação de miseráveis pensões que abrigam os peões e trabalhadores braçais, contratados para desmatar os campos arrebatados dos indígenas.

Em Terra Firme foram feitas reuniões preparatórias do FSM e organizado um encontro para dar participação aos seus moradores. Mas esse propósito foi desvirtuado pela falta de pessoal de apoio e pela cara taxa de inscrição, em torno de R$ 10,00. No FSM não foi discutido nenhum dos problemas da enorme e caótica periferia de Belém, onde fica Paar, a maior favela horizontal do país, com 140 mil habitantes, e que, depois do Recife, é a capital estadual mais violenta do Brasil.

Embora o encontro temático internacional do FSM, realizado em Belém para dar destaque à quetão amazônica, não tenha vencido a barreira policial que o separava dos dois temidos bairros, em sentido contrário houve deslocamento de uma multidão. Não para intervir nas centenas de encontros programados ou para interagir com visitantes, mas para vender-lhes alguma coisa. Impulso explicável, já que Belém figura entre as cidades brasileiras onde são maiores o desemprego e a economia informal.

Já desde a fase preparatória do Fórum, os vizinhos atravessavam como podiam os muros que isolam os campi universitários com mesas, pratos, cobertas e comida para oferecer ao público. Depois, com o aumento da vigilância, os interessados começaram a roubar, principalmente dos dois mil voluntários que prestaram seus serviços ao FSM, as credenciais e as camisetas. As camisetas eram outro elemento de controle da entrada no Fórum, e em alguns casos foram vendidas por voluntários que não podiam pagar a passagem de ônibus.

Dessa forma a periferia da metrópole amazônica obteve um beneficio com o acontecimento do ano, que teria reunido, segundo seus organizadores, 90 mil pessoas, um número questionado pelas milhares de camisetas que sobraram. Em razão das necessidades alimentícias de milhares de assistentes, houve uma ligação entre o empenho de solidariedade com o mundo marginalizado pela globalização e a confiança em outro mundo melhor e aqueles que deveriam ser a materialização dessas utopias.

O governo federal destinou 300 policiais e US$ 22 milhões (de um orçamento total para o FSM de US$ 70 milhões) à segurança, enquanto o governo do Estado, do PT, concentrou sete mil policiais em Belém e montou um cordão sanitário em torno dos dois bairros limítrofes para preservar o público presente no FSM da rotina dos 200 atos criminosos diários que ocorrem na cidade. Milhares de moradores foram revistados todos os dias pelas patrulhas, os bares tiveram de fechar às 22 horas e reinou um clima de confinamento.

Graças a essas precauções, a violência não chegou ao ambiente do FSM durante suas sessões. Reclusos dessa maneira, os participantes do monumental encontro puderam intercambiar sem contratempos suas idéias e propostas sobre a construção de um mundo melhor e de uma Amazônia autosustentável. A realidade incômoda precedente ao encontro pode voltar a instalar-se agora que profetas, gurus, discípulos e demais assistentes de boa vontade voltaram para suas casas, levando consigo os mesmos pensamentos e imagens que trouxeram a Belém.


(*) Lúcio Flávio Pinto é diretor do Jornal Pessoal, que denuncia a corrupção, a impunidade e as consequências econômicas e ecológicas da exploração da Amazônia; e enfrenta dezenas de processos judiciais e numerosas agressões físicas e ameaças de morte.

Wednesday, 11 February 2009

Artigo: Empresas transnacionais brasileiras: um debate necessário


por Ana Garcia


O Brasil está em terceiro lugar no ranking de empresas de países “emergentes” com potencial para desafiar empresas transnacionais estadunidenses e européias. É 14 o número de empresas com origem no Brasil entre as 100 maiores do mundo, somente atrás de empresas da China e da Índia. Estas 100 empresas juntas somam US$ 1,5 trilhões. Entre as brasileiras estão Petrobrás, Vale e as grandes construtoras. Somente a empresa Camargo Corrêa dobrou de tamanho entre 2005 e 2007, somando US$ 6,4 bilhões 2007[1]. Vemos, assim, que as empresas com origem no Brasil não só crescem, mas se internacionalizam e ganham mais importância na política externa brasileira, tornando-se também agentes de conflitos entre Estados. Entre os mais emblemáticos estão os casos do conflito entre Brasil e Bolívia, por conta da nacionalização do petróleo naquele país em 2006, e entre Brasil e Equador no último ano, devido aos problemas causados pela construtora Odebrecht na construção da hidrelétrica San Francisco.

De modo geral, as transnacionais são um dos principais motores do desenvolvimento capitalista. Elas têm um papel central na exploração e transferência das riquezas do sul para o norte, em inovações tecnológicas para seu lucro - mas representadas como inovações para toda a sociedade -, e na transformação de países em potências hegemônicas ao longo da história do capitalismo. Por trás de uma grande empresa há sempre um Estado forte, que a financia e estrutura o campo jurídico e político para que ela atue. E por trás de um Estado hegemônico há sempre empresas transnacionais que atuam dentro e fora do país, levando sua marca e criando sua imagem junto à imagem do país potência. Nestes casos a relação entre empresa e Estado é direta, e se explicita com a constante penetração das empresas dentro do aparelho estatal (em conselhos, ministérios ou pela via informal de amizades e lobby). Assim, elas influenciam políticas públicas, tanto para serem beneficiadas por grandes obras, quanto para receberem créditos e incentivos fiscais[2]. Esta mescla entre capital e Estado é característica da hegemonia capitalista, onde os interesses da classe burguesa são apresentados como interesses de todos.

Foi nesse esquema que atuaram as grandes empresas européias e estadunidenses ao longo do último século. E é dentro deste modelo capitalista que o Brasil está buscando se desenvolver. Suas grandes empresas têm sido tratadas como motor do crescimento econômico e do desenvolvimento nacional. Além disso, elas têm sido as grandes beneficiadas de projetos de integração regional baseados na infra-estrutura. Uma melhoria na infra-estrutura entre os países da América do Sul pode ter a vantagem de facilitar a comunicação e as vias de circulação entre os povos da região. Entretanto, grandes projetos, especialmente no marco da IIRSA, têm sido conduzidos prioritariamente para exploração de recursos naturais e para o aprofundamento do modelo exportador. Assim, a integração da infra-estrutura tem levado, em muitos casos, à desintegração de territórios dos povos originais, populações locais e do meio ambiente.

O Instituto Rosa Luxemburg Stiftung promoveu, juntamente com organizações e movimentos sociais brasileiros - MAB, Rede Social Justiça e Direitos Humanos, PACS, Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais, Rede Justiça Ambiental e Rede Jubileu Sul –, uma oficina no Fórum Social Mundial de Belém para debater a atuação das empresas transnacionais brasileiras na América do Sul. O objetivo desta oficina foi abrir um espaço de questionamento e debate sobre o modelo de desenvolvimento ao qual o Brasil está submetido, ao mesmo tempo em que submete seus vizinhos. Que tipo de crescimento e desenvolvimento está sendo criado? Quais as vias de desenvolvimento que estamos seguindo? Quem está pagando por ele? E qual desenvolvimento queremos para nós, povos do Brasil e do continente, e como chegamos a ele? Quem é o Brasil hoje na América do Sul, e qual o papel das empresas na política externa do Brasil?

Nosso objetivo com esta oficina foi de informar de maneira substantiva sobre a atuação das empresas transnacionais brasileiras a partir de depoimentos de pessoas e organizações diretamente afetadas dos países onde atuam, relacionando assim a atuação dessas empresas dentro e fora do Brasil, e abrindo espaço para articulação das organizações e movimentos brasileiros e dos demais países. Portanto, a oficina foi construída de forma tal que a mesa foi composta somente por representantes de organizações de outros países, que lutam contra essas empresas ou que são diretamente afetados por elas. Para falar sobre a atuação da Petrobrás na Bolívia e no Equador, contamos com a participação de Alexandra Almeida (Accion Ecológica, Equador) e Patrícia Molina (Fobomabe, Bolívia); para falar do caso Odebrecht no Equador, tivemos Natalia Landivar, do FIAN; para debater a questão da renegociação e da auditoria da dívida de Itaipu, contamos com Constancio Mendonza (Frente Social y Popular, Paraguai); para fazer a apresentação sobre a entrada do etanol na América Central, principalmente através da diversificação da produção da Petrobrás, tivemos Andrés Leon Araya, da Costa Rica. Luis Novoa falou sobre o papel central do BNDES na expansão destas empresas para a América do Sul, destinando recursos especiais para isto, e em muitos casos desconsiderando critérios ambientais, sociais e trabalhistas. Por fim, a professora Ana Esther Ceceña (UNAM e Observatório Latinoamericano de Geopolítica) fez uma exposição sobre a IIRSA, a iniciativa de integração regional para grandes obras de infra-estrutura, que representa o marco político através do qual as empresas têm se expandido, relacionando-se diretamente com políticas de integração regional. As organizações e movimentos brasileiros ficaram no público e intervieram na discussão.

Tivemos um debate acalorado, pois há claramente posicionamentos diferentes dentro da esquerda brasileira. Principalmente na questão da Petrobrás e da renegociação de Itaipu, temos que debater e desconstruir discursos nacionalistas e desenvolvimentistas na nossa sociedade. Podemos afirmar que temos uma batalha em duas frentes: de um lado, o enfrentamento direto com as empresas, especialmente projetos destruidores dos meios de vida de milhares de pessoas, do meio ambiente, absorvedoras de créditos públicos e, desta forma, da renda da população brasileira; de outro, a luta dentro da própria sociedade brasileira pela construção de um novo senso comum. E este novo senso comum tem como objetivo redirecionar e substituir a idéia de que precisamos nos “desenvolver” no mesmo modelo europeu e estadunidense, crescendo sobre os nossos vizinhos a partir de um projeto de “Brasil potência”, difundida mais fortemente a partir dos governos militares.

Percebemos que, para conseguirmos ganhar esta batalha ideológica, temos que trabalhar dentro do imaginário popular, a partir do senso comum já estabelecido, com o objetivo de construir um novo. É importante notarmos que este senso comum já estabelecido mescla a identidade nacional com o papel das empresas. As empresas se colocam como representantes do Brasil no exterior, imagem reforçada pela mídia e pelas declarações de representantes do governo brasileiro. Os interesses das empresas são representados como interesse nacional, de todos os brasileiros. De maneira emblemática, a empresa Odebrecht se autodenominou recentemente “construtora da integração regional” em anúncios públicos, colocando-se como instrumento de realização dos interesses dos povos e dos países, na tentativa de, ao mesmo tempo, “limpar” sua imagem deteriorada por problemas graves em grandes obras nos últimos anos[3].

Como desconstruir este mito? Como desvincular nossa identidade como povos da identidade corporativa de uma empresa como, por exemplo, a Petrobrás, que representa um passado de luta pela soberania sobre nossos recursos, mas que hoje explora os bens e recursos naturais dos povos da região? O que acontece com os lucros que estas empresas fazem no exterior, ou seja, de que maneira eles se revertem para o Brasil? Estas questões remeteram, no nosso debate, ao papel da chamada “responsabilidade social corporativa”, um complexo mecanismo que mistura interesse público e privado, funções estatais exercidas por empresas, e de certa maneira, “benevolência” e marketing. A própria Petrobrás financiou boa parte do Fórum Social Mundial, e as denúncias sobre seus abusos e violações na Bolívia e no Equador nos levaram a um forte sentimento de revolta e embaraço por estarmos num evento da “sociedade civil” financiado pela empresa. O financiamento da Petrobrás à cultura brasileira, como o cinema nacional, nos impõe um grande quebra-cabeça a desvendar entre identidade nacional-política e a externa- com interesses privados.



[1] “Brasil tem 14 grupos na lista de multis emergentes”, Estado de São Paulo 29/01/2009

[2] Campos, Pedro Henrique: Origem da internacionalização das empresas de engenharia brasileira. Historia e Lutas de Classe, dossiê Imperialismo, 2008.

3 Como a hidrelétrica San Francisco no Equador, mas também a construção da linha 4 de metrô da cidade de São Paulo.