Thursday, 12 December 2013

DIRTY PROFITS 2 - A report with serious human rights violations committed by 26 multinational companies, including VALE


Press release: Untaxed, Unregulated, Unpunished: Multinationals Making Multi-Billion Dollar Profits at the Expense of Human Rights

DP II(Berlin. 09.12.13) The NGO Campaign, Facing Finance, presents their latest report, DIRTY PROFITS 2, to commemorate International Human Rights Day, (10.12.) in Berlin. This report demonstrates that human rights violations, corruption, exploitation, and environmental destruction remain ingrained in the business models of major multinational corporations. The robust, 124-page report presents the most serious violations of international norms and standards committed by 26 multinational companies, (including SHELL, GAZPROM, GLENCORE, NESTLÉ and ADIDAS). The companies examined in this report grossed more than 1.24 trillion Euros in 2012 and earned profits in excess of 90 billion Euros.
“A not insignificant portion of multinational profits are derived, now as much as ever, from openly controversial practices that violate people and the environment,” laments Thomas Küchenmeister, coordinator and initiator of the Facing Finance Campaign. He goes on to criticize the inadequacy of international tax laws, saying, “The fact that multinationals are also circumventing tax laws adds to the unjustness, despite the practice being largely legal.” According to the European Commission, the EU loses around 1 trillion Euros every year due to tax evasion and/or avoidance maneuvers.
Based on financial analyses conducted by the economic research consultants at Profundo, the DIRTY PROFITS report reveals the European financial institutions that financially support such controversial operations. Many companies, like Gazprom, Shell, Nestlé, and GlencoreXstrata, depend on financial support from financial institutions for their controversial projects. Between 2011 and 2013, financial institutions invested nearly 33 billion Euros into the 26 companies analyzed in the DIRTY PROFITS 2 report. Through their financial transactions with these companies, (e.g. providing loans, assisting in share/bond issuances, etc.) financial institutions take on responsibility for the environmental and social consequences of their clients’ actions. Overall, BNP Paribas, Deutsche Bank and Credit Suisse contributed the most towards controversial companies; they support the vast majority of controversial companies that other internationally accredited investors, (e.g. the European Investment Bank, and the Norwegian Pension Fund), have chosen to exclude (17 of the 26 analyzed companies) from their investment portfolios due to their severe environmental/social impacts.
“Through their noncritical financial injections towards polluters and human rights violators such as Gazprom or Glencore, financial institutions support the illegal plundering of resources, human rights abuses, and global warming,” said Barbara Happe from the human rights and environmental organization, urgewald. This demonstrates that the voluntary commitments adopted by financial institutions fail to safeguard environmentally and socially unsustainable investments.
Recently, international attention has focused on the Russian energy giant, Gazprom, which has a reputation for corruption and anti-competitive practices. The Russian coast guard arrested several Greenpeace activists this summer during a peaceful demonstration against Arctic oil drilling at the Prirazlomnaya oil platform. The activists were detained for more than two months before they were eligible for release on bail. They currently stand charged of hooliganism. Investments in Gazprom by European banks, led by BNP Paribas, ING, Unicredit, Deutsche Bank and Commerzbank, totaled €3.4 billion during the investigation period.
Dirty Profits 2 calls on financial institutions to incorporate international human rights and environmental standards into binding financial service regulations that exert influence on companies to comply with these standards.
Furthermore, lawmakers must immediately take steps to end the financing of controversial sectors, (e.g., nuclear weapons and cluster munitions). Also, tax benefits for pension (“Riester”) funds, should be limited to financial products that meet sustainability standards. Certification of such retirement, or “Riester,” products, needs to be monitored by an ethics committee; civil society further calls on bank customers to scrutinize their bank’s business practices and, if necessary, change their financial service provider.
For questions and interview requests, please contact:
Thomas Küchenmeister, Coordinator, FACING FINANCE, 0049 (0)175-4964082
Dr. Barbara Happe, urgewald e.V., 0049 (0)172-6814474


Tuesday, 10 December 2013

CELENDÍN / PERU: Odebrecht ingresa a los territorios comunales con Policía Nacional del Perú fuertemente armados


Celendín: Odebrecht ingresa a los territorios comunales con Policía Nacional del Perú fuertemente armados

Publicado: 9 diciembre, 2013 en NOTICIAS

Fuente: Celendín Libre

Intento de construcción de la primera de las 24 centrales hidroeléctricas en el Río Marañón viene con represión.
  Celendín 9.12.2013
 Los pobladores de los distritos de Cortengana, Chumuch (Provincia de Celendín) y las comunidades rivereñas del Marañón, tanto a la margen de Cajamarca como de Amazonas, denunciaron el día de hoy la incursión de funcionarios de la transnacional Odebrech acompañados de un numeroso contingente de policías fuertemente armados.  La denuncia lo realizaron para este medio de prensa, miembros de las Rondas Campesinas y Frentes de Defensa de las comunidades.
Odebrecht, intenta sacar adelante un proyecto hidroenergético denomindado Chadín 2, para ello plantean represar el río Marañón, uno de los principales tributarios del Río Amazonas. Este proyecto contempla construir en el río un muro de 175 metros de alto inundando 50 km río arriba en una extensión de más de 3000 hectáreas de valle. La finalidad es producir 600 megavatios con una inversión de 1800 millones de dólares. Según la empresa esta energía sería destinada para las poblaciones, sin embargo, es sabido que  este proyecto servirá para dotar de energía a los proyectos mineros Conga, El Galeno y Michiquillay.
La población del lugar se opone a este proyecto porque inundaría a comunidades y valles productivos obligando a un desplazamiento forzoso a 1000 personas. AC Energía, empresa subsidiaria de Odebrecht ha venido causando una serie de problemas en las comunidades incluso propiciando:
  • La presencia elevada e injustificada de la fuerza pública.
  • Uso desproporcionado de la fuerza. Policías golpearon a hombres y mujeres e hicieron uso indiscriminado de gases lacrimógenos en audiencias públicas.
  • Restricción de la entrada de pobladores del lugar a las audiencias públicas.
  • Traslado de asistentes a talleres y audiencias de otros lugares, ajenos a la zona afectada.
  • Falsificación de firmas y documentos de identidad falsos en actas de las reuniones.
  • Chantaje a beneficiarios de los programas sociales del Gobierno para asistir a sus talleres o quitarles estos programas.
  • Difusión de información parcializada e imprecisa a favor del proyecto.
  • Denuncias a autoridades y dirigentes.
  • Cooptación de autoridades, etc.
Los comunicados radiales que se difundían en los medios de comunicación manifestaban:
 “Se comunica a las Rondas Campesinas de Tupén y Mendán, redoblar la vigilancia de nuestras tierras ya que gente de la empresa transnacional Odebrecht están con dirección a puerto Saquilillo – Distrito de Pisuquia Región Amazonas, juntamente con efectivos policiales ya que a dicha empresa se lo ha rechazado rotundamente”
ER (Frente de Defensa del Río Marañón)
Así mismo trascendió que los policías fuertemente armados estarían siendo remunerados por Odebrecht a un costo de 100 nuevos soles por día. Desde este medio hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para evitar cualquier costo social.
Plataforma Interinstitucional Celendina – PIC

Ver las denuncias  y más información sonbre Chadín 2, Odebrecht y AC Energía:

Monday, 9 December 2013

CARTA ABIERTA


Diálogos sobre la vida y la minería

Carta abierta de religiosos, religiosas, laicos y laicos
cuidadores de los bienes de la creación en América Latina


Somos religiosas, religiosos, laicos y laicas de América Latina interpelados por la difícil situación de nuestros pueblos afectados por las industrias extractivas, afectados día a día por la destrucción de la creación, la explotación indiscriminada de los Bienes Comunes, la represión y la exclusión que generan conflictos sociales, afectan Derechos Humanos y destruyen ecosistemas vitales.

Estamos tratando de elaborar conjuntamente estrategias para responder a esta compleja realidad, a la luz del Evangelio.

En noviembre de 2013, nos reunimos en Lima - Perú como grupo inicial, el cual nació desde las experiencias concretas de quienes trabajan en las regiones de conflicto causados por las actividades extractivas.

Perú el país de América Latina con los mejores indicadores de desarrollo económico, por otro lado es también uno de los países con más graves conflictos producidos por las actividades extractivas según la Defensoría del Pueblo de este país. En todos nuestros países, el extractivismo es una fuente de constantes y graves conflictos.

Treinta personas estaban presentes en el encuentro, procedentes de Salvador, Honduras, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, y también religiosas/os y laicas/os que trabajan en organismos internacionales como Vivat Internacional, Franciscans Internacional y Mercy Internacional (ONGs de las congregaciones religiosas en la ONU), en la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los franciscanos OFM de Roma. El proceso fue apoyado y acompañado por Misereor, agencia de desarrollo de la iglesia católica en Alemanía.

En los dos últimos años, el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), varias diócesis y conferencias de obispos católicos y el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) profundizaron y debatieron los conflictos causados ​​por grandes proyectos mineros y energéticos en nuestros países.

Las comunidades cristianas de base, en muchos casos, fueron protagonistas de la resistencia a estos proyectos, en defensa de los derechos y tradiciones locales, y en la búsqueda de alternativas a este modelo de desarrollo de raíces coloniales.

Estas mismas organizaciones cristianas de base sintieron la necesidad de reactivar la articulación entre ellas y dentro de la iglesia institucional, en espíritu ecuménico.

El contexto es extremadamente desafiante: los pastores y líderes cristianos que defienden comunidades, medio ambiente y trabajadores frente a los impactos de la minería son cada vez más criminalizados y perseguidos, se encuentran aislados y en varios casos sin el apoyo de las instituciones de las iglesias o congregaciones a la que pertenecen. Varias catequistas, hermanas, sacerdotes o pastores fueron asesinados, amenazados o alejados de las comunidades con las cuales vivían y luchaban.

Las poblaciones tradicionales son las más impactadas por los grandes proyectos extractivos. La salud de la población se ve afectada, los territorios tradicionales son devastados, sus culturas y espiritualidades amenazadas.

Nos preocupan los ataques a los derechos indígenas arduamente conquistados en las últimas décadas, debido a las grandes presiones que ejercen las empresas mineras. Las poblaciones nativas no son respetadas en su derecho de veto a la construcción de grandes hidroeléctricas y a la exploración mineral en los territorios que pertenecieron a sus ancestros.

Frente a este escenario, hay una extrema necesidad de fortalecer lazos de alianza entre los que asumieran la misión cristiana de cuidar de la creación, incluyendo el fortalecimiento del diálogo con la jerarquía de nuestras iglesias. Nos regocijó mucho la participación de Mons. Guilherme Werlang, obispo de Brasil[1], a lo largo de todo el encuentro de Lima, así como el apoyo del Papa Francisco en la lucha contra la minería a gran escala[2], expresado en una reciente reunión en Roma: señales importantes de cara al futuro.

Durante nuestro primer encuentro en Lima definimos algunas pistas de convergencia y trabajo:

  Queremos contribuir a la relectura bíblica y teológica de los principios-base del compromiso cristiano por la justicia, paz e integridad de la creación (JPIC). Queremos profundizar las relaciones entre los valores sagrados de las tradiciones de nuestros pueblos, la cultura del ‘Bien Vivir’ y el mensaje cristiano, en el compromiso común de defender la vida. Vamos a trabajar para incorporar esos temas en la educación popular de las comunidades cristianas.
  Queremos también, dialogar con la Iglesia Católica institucional, con las redes de las Iglesias Evangélicas, con las coordinaciones de nuestras congregaciones religiosas. Buscaremos fortalecer nuestro diálogo con el CLAI y promover un encuentro de reflexión y retiro donde los representantes de comunidades afectadas por la minería pidan el respaldo del Vaticano para la defensa de sus derechos y formas de vida.
  Queremos construir puentes entre las comunidades impactadas y las instituciones internacionales de defensa de los derechos humanos, a través de la misión de los religiosos y religiosas que trabajan en las Naciones Unidas, de las coordinaciones nacionales y internacionales de JPIC y de las redes internacionales de lucha contra los impactos de la minería.

Esta tarea requiere de grandes esfuerzos por lo que convocamos a los religiosos y religiosas, laicos y laicas sensibles ante esta urgencia y dispuestos a recorrer juntos este camino a sumarse activamente a esta iniciativa y participar en un debate y acción permanente en defensa de las comunidades afectadas y en el cuidado de la creación.

Queremos encontrarnos nuevamente en Brasil, a finales de 2014, para reafirmar estos y nuevos compromisos con un grupo más grande y más articulado, para que nuestros pueblos sientan la proximidad de las iglesias y para que todo, en ellos, tenga vida en abundancia.


Lima, 4-5 de noviembre de 2013

Juan Goicochea - Perú – Misioneros Combonianos
René Flores – Honduras - Frailes Menores Franciscanos
César Espinoza – Honduras – Misioneros Claretianos
Donald Hernandes – Honduras – CEPRODEH
Filomeno Ceja – Guatemala – Misioneros Combonianos
Juan de La Cruz -  Ecuador - Salesianos
Dário Bossi – Brasil – Misioneros Combonianos
Danilo Chammas – Brasil – Justiça nos Trilhos
Rodrigo Peret – Brasil - Frailes Menores Franciscanos
Gilberto Pauwels – Bolivia - Oblatos de María Inmaculada
Adriel Ruiz – Colombia – Sacerdote Diocesano
Cesar Correa – Chile – Misioneros Columbanos
César Padilla – Chile - OCMAL
Ana Maria Siufi - Argentina - Hermana de la Misericordia de las Américas
Fábio Ferreira – Roma - Frailes Menores Franciscanos
Jean Paul Pezzi - EUA - Misioneros Combonianos
Seamus Finn – EUA – Oblatos de María Inmaculada
Amanda Lyons –EUA - Franciscan International
Aine O'Connor – EUA - Sisters of Mercy, Mercy International Association at the UN
Zélia Cordeiro - EUA – Misionera Sierva del Espíritu Santo/VIVAT Internacional
Ofelia Vargas – Perú - Grufides
Pablo Sanchez - Perú - Grufides

Para contactos e mayores informaciones: iglesiaymineria@gmail.com



[1] Presidente de la Comisión Episcopal Brasileña para el Servicio de la Caridad, de la Justicia e de la Paz

OPEN LETTER


Dialogue on Life and Mining

Open letter from religious and lay stewards
of the goods of creation in Latin America


We are religious and lay men and women from Latin America moved by the critical situation of our peoples vis-à-vis the extractive industry—they are impacted day after day by the destruction of Creation, by the indiscriminate exploitation of common goods, and by the repression and exclusion that causes social conflicts, infringes human rights, and destroys vital ecosystems.
We seek to develop joint strategies to respond to this complex reality, illuminated by the Gospel.

In November 2013 we met in Lima as an exploratory group. This initiative emerged out of the concrete experiences of those who are working where there is conflict over extractive projects.

In Peru, which is the Latin American country with the best economic-development indicators, the Ombudsman’s Office has reported that mining is the principle source of social conflict. In all of our countries extractivism is source of constant and serious conflicts.

A total of thirty people attended the meeting, from El Salvador, Honduras, Colombia, Ecuador, Peru, Chile, Argentina, Brazil, and also religious and lay representatives from international agencies including VIVAT International, Franciscans International, Mercy International (NGOs of different religious congregations at the UN) and the Justice, Peace, and Integrity of Creation office of the OFM Franciscans in Rome. The process was supported and accompanied by Misereor, the development agency of the Catholic Church in Germany.

In recent years, the Latin American Episcopal Council (CELAM), several dioceses and conferences of Catholic bishops, as well as the Latin American Council of Churches (CLAI) have explored and discussed the conflicts caused by large-scale mining and energy-related projects in our countries.
Christian communities, in many cases, have played key roles in resisting these projects, in the defense of rights and local traditions and in search of alternatives to this developmentist and plundering model stemming from colonialism.
               
              These grassroots Christian organizations felt the need to revive the network among themselves and the institutional Church in an ecumenical spirit.
The context is extremely challenging:  Christian leaders pastors that defend communities, the environment, and workers from the impact of mining are increasingly criminalized and persecuted, they find themselves isolated and sometimes without the support of church institutions or the congregations to which they belong. Several catechists, sisters, priests and pastors have been murdered, threatened or removed from the communities with whom they lived and struggled.

                Indigenous or traditional peoples are the most affected by large-scale extractive projects. They suffer negative health impacts; their traditional territories are devastated, their cultures and spiritualties are threatened.
                We are concerned about the attacks on the rights of indigenous people which have been so arduously earned over the last decades, under pressure from mining companies. Native peoples are not being respected in what concerns their right to veto the construction of large-scale hydroelectric or mineral exploration on the territories that belong to their ancestors.

Given this concerning panorama, there is a deep need to strengthen the alliances among those who have taken up the Christian mission to care for Creation, including strengthening the dialogue with the hierarchies of our churches.  We were very happy to have the Brazilian bishop Monsignor Guilherme Werlang[1] participating in the Lima meeting, as well as the support that Pope Francis expressed for the struggle against large-scale mining[2] in a recent meeting in Rome.  These are important signs for the future.

During this first meeting in Lima, we identified some shared work and strategies for the future:

  • We want to contribute to a biblical and theological re-reading of the fundamental principles of the Christian commitment to justice, peace and the integrity of creation (JPIC).  We wish to deepen the relationship between the sacred values of the traditions of our peoples, the culture of ‘Buen Vivir’ (Good Living) and the Christian message, in a common commitment to defend life. We will work to incorporate these themes in the popular education of Christian communities.
  • We want to dialogue with the institutional Catholic Church, with networks of evangelical churches, and with the leaders of our religious congregations. We will seek to strengthen our dialogue with CLAI and to promote a gathering for reflection and retreat in which representatives of the communities affected by mining may call on the Vatican to protect and defend their rights and ways of life.
  • We wish to build bridges among affected communities and international institutions working to defend human rights, via the mission of religious congregations working at the United Nations, the JPIC leadership at the national and international level, and in international networks in the struggle against the impacts of mining.

To this end, we invite religious men and women and lay leaders of Latin America who are conscious of this urgency and willing to commit to the defense of communities affected by mining to join in the ongoing discussion of these points.

We want to meet again in Brazil toward the end of 2014 to reaffirm these and new commitments, together with a larger and more connected group, so that our peoples feel the churches by their side and so that everything, in them, can have life in abundance.


Lima, November 4-5, 2013

Ofelia Vargas – Peru – Grufides
Pablo Sanchez – Peru – Grufides
Juan Goicochea – Peru – Comboni Missionaries
René Flores – Honduras – Franciscan Order of Friars Minor
César Espinoza – Honduras – Claretian Missionaries
Donald Hernandes – Honduras – CEPRODEH
Filomeno Ceja – Guatemala – Comboni Missionaries
Juan de La Cruz - Ecuador - Salesians
Dário Bossi – Brazil – Comboni Missionaries
Danilo Chammas – Brazil – Justiça nos Trilhos
Rodrigo Peret – Brazil – Franciscan Order of Friars Minor
Gilberto Pauwels – Bolivia – Oblates of Immaculate Mary
Adriel Ruiz – Colombia – Diocesan priest
Cesar Correa – Chile – Columban’s Missionaries
César Padilla – Chile – OCMAL
Ana Maria Siufi – Argentina – Sisters of Mercy of the Americas
Fábio Ferreira – Rome – Franciscan Order of Friars Minor
Jean Paul Pezzi – USA – Comboni Missionaries
Seamus Finn – USA – Oblates of Immaculate Mary
Amanda Lyons – USA – Franciscans International
Aine O'Connor – USA – Sisters of Mercy, Mercy International Association at the UN
Zélia Cordeiro - USA – Missionary Sisters Servants of the Holy Spirit/VIVAT International

For contacts and more information:    iglesiaymineria@gmail.com




[1] President of the Brazilian Episcopal Commission for the Service of Charity, Justice, and Peace.

Saturday, 16 November 2013

CONFLICTO MINERO EN ECUADOR: Pronunciamiento de la Nacionalidad Shuar sobre el asesinato de un joven Shuar durante operación del ejército


LA NACIONALIDAD SHUAR, SUS ORGANIZACIONES Y CENTROS, ANTE LA MUERTE DEL HERMANO FREDI RAMIRO TAISH TIWIRAN
PRONUNCIAMIENTO
Frente al repudiable hecho suscitado el día 7 de noviembre de 2013, en donde nuestro hermano Shuar Fredi Ramiro Taish Tiwiran perdió la vida en manos del ejército ecuatoriano y la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), y como resultado de un proceso de asamblea permanente, la nacionalidad Shuar expresa su rechazo a las versiones y pronunciamientos emitidos por el gobierno:

PRIMERO:
El gobierno ha declarado la lucha contra la minería ilegal, pretendiendo ocultar y criminalizar una práctica ancestral que como pueblo originario la hemos practicado desde épocas precoloniales.

La minería desarrollada de manera artesanal es una de las múltiples actividades que permiten a la familia Shuar su subsistencia. No todos la implementan y los que la practican lo hacen utilizado herramientas de trabajo simples, como el uso de canalones, bateas, picos y palas; y en algunos casos excepcionalmente dragas, lo que no ha significado una afectación a la calidad ambiental de nuestro territorio.
Al respecto de lo antes mencionado la Ley Minera manifiesta que la minería artesanal se caracteriza por la utilización de maquinarias y equipos con capacidades limitadas de carga y producción destinados a la obtención de minerales, cuya comercialización en general permita cubrir las necesidades de la comunidad, de las personas o grupo familiar que las realiza.
Es importante aclarar que el gobierno nacional se ha comprometido con la nacionalidad Shuar -específicamente con la organización Pueblo Shuar Arutam-, a legalizar la práctica de subsistencia minera que el pueblo Shuar desarrolla, pero no ha habido avances en dichos ofrecimientos. Así también, de acuerdo a las versiones recogidas por comuneros que realizan minería artesanal con dragas y que han solicitado a la autoridad competente su regularización, se expresa que no se ha atendido oportunamente las solicitudes y que tampoco se ofrecen las condiciones para avanzar en dicho proceso.
Es por ello que nos preguntamos si esta práctica histórica de los pueblos Shuar puede ser considerada como ilegal, desconociendo así la legitimidad e historicidad de esta actividad dentro del proceso productivo económico de la población Shuar. Legitimidad que se enmarca dentro de los derechos de los pueblos, a vivir de acuerdo a sus usos, prácticas y costumbres dentro de su territorio, que incluyen el ejercicio de la autoridad, el uso y aprovechamiento de sus recursos y el desarrollo y continuidad de sus prácticas históricas de vida.

Este proceso inédito de persecución a la práctica ancestral económica de los Shuar,  contrasta con el impulso de un marco legal que garantiza la explotación minera a gran escala en territorio ecuatoriano y precisamente en territorio ancestral de esta nacionalidad.

El caso Mirador, es un ejemplo de lo antes mencionado, en donde se encuentran concesionadas 9.928 has a la empresa de capitales chinos Ecuacorrientes (ECSA) en la provincia de Zamora Chinchipe y más de 50.000 has en la provincia de Morona Santiago, de donde se prevé la producción de 208.800 toneladas de concentrados de cobre por año, durante un período de 17 años.

Para ello se pretende la extracción de aproximadamente 54.000 toneladas diarias de roca, de las cuales, únicamente 527 toneladas son de concentrados de cobre, lo que quiere decir que 53.428 has son desechos, lo que generará, luego de la vida productiva de la mina, 325 millones de toneladas de desechos. Es por esta razón que nuestras organizaciones sociales y varias organizaciones nacionales interpusieron un juicio al ministerio del ambiente y de recursos naturales no renovables,  por la violación de los derechos de la naturaleza luego de la firma del contrato de minería industrial con ECSA el 5 de marzo del 2012; para ello se utilizó los propios argumentos de la empresa minera en términos de los impactos potenciales: esto es desaparición de cuatro especies endémicas de la zona, la generación de drenaje ácido de mina, el altísimo riesgo de toda la zona de influencia incluyendo el río Zamora y las riberas de las comunidades donde se ha realizado el operativo militar, por una posible falla del dique de relaves, más aun considerando que los estudios hídricos realizados por los EIA de la empresa son insuficientes, en relación a lo que la norma lo prevé. Todos estos argumentos fueron soslayados durante el juicio, razón por la cual no fueron considerados ni en primera ni en segunda instancia donde fueron rechazadas nuestras demandas.

Resulta ser que ahora lo legal es producir a gran escala. Hacer minería legal es explotar la naturaleza a través de la minería industrial, esa si desarrollada por capitales extranjeros, de enormes magnitudes, y con consecuencias irreversibles.

SEGUNDO:
En el enlace ciudadano 347 realizado en Puerto Bolívar el 9 de noviembre, el vicepresidente de la República y demás autoridades, mencionan que el operativo que concluyó con el decomiso de dos dragas y en el cual resultaron heridos 9 militares, se realizó en el sector de Kampana Entza. La pregunta que se desprende de esta afirmación es ¿cómo nuestro hermano Fredi Taish aparece muerto con un golpe certero de bala en el rostro en la zona de Tutus, que se encuentra en el centro Shuar Piuntz a 15 minutos río abajo de Kampana Entza, lugar en dónde según la versión oficial, y los respaldos presentados, se desarrolló el operativo de decomiso, y ataque por parte de dos botes que les emboscaron con armas de fuego?

Las autoridades en su conjunto, han asegurado que el operativo se realizó de manera pacífica, sin la utilización de armamento letal y con una actitud “pasiva” de la patrulla. Frente a esto las organizaciones y comunidades Shuar de Morona Santiago, en ejercicio de las funciones jurisdiccionales que la Constitución de la República del Ecuador les otorga, conformaron una comisión para que hagan el reconocimiento del lugar de los hechos y recoja las versiones de las personas que presenciaron lo acontecido. Una vez realizado el recorrido que concluyó con el reconocimiento del lugar de los hechos y la incorporación de nuevos testimonios de los comuneros del sector; la comisión entrega a la nacionalidad Shuar su informe mediante sentencia comunitaria de acuerdo a lo establecido en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales contempladas en la Constitución, de lo que se desprenden profundas dudas y cuestionamientos a las aseveraciones oficiales, en cuanto a las características pacíficas de este operativo. Entre las evidencias encontradas podemos mencionar las siguientes: Se ha encontrado balas de fusil, casquillos disparados de carabina calibre 12, de uso exclusivo militar y casquillos de bombas lacrimógenas.

Es de trascendental importancia mencionar que todas estas nuevas evidencias encontradas por la comisión se hallan en el sector de Tutus, donde falleció Fredi Taish Tiwiram, y que se encuentran como se manifestó anteriormente a 15 minutos río abajo en canoa, del lugar en donde según versiones oficiales se realizó el decomiso de dragas y se efectúo el ataque a los militares.

En relación a este tema llama profundamente la atención la presencia de militares Shuar dentro del grupo militar que realizó el operativo. Algo condenable desde todo punto de vista, ya que dadas las características del operativo realizado dentro del  territorio Shuar, esto significa exponer a la población civil Shuar con la población militar Shuar.  Rechazamos esta forma de pretender generar rivalidades y sentimientos de venganza dentro de nuestro pacífico pueblo Shuar.

TERCERO
El Estado una vez más, desconoce la estructura política organizativa de los territorios indígenas, y con ello a sus autoridades. No es posible entender cómo dentro del marco de un estado plurinacional, que ha reconocido los derechos a la autodeterminación de los pueblos y las diferentes formas de autoridad legítima de las organizaciones y pueblos indígenas del país, se haya dado un operativo militar de la naturaleza que tuvo la incursión en el territorio Shuar, sin ningún diálogo previo, y sin coordinación con las autoridades legítimas de estos pueblos.

Bajo el pretexto de “controlar” la minería ilegal, se están militarizando nuestros territorios y con ello violentando derechos internacionales y colectivos que protegen a los pueblos indígenas, y que se traducen principalmente en la prohibición de realizar incursiones y/o acciones militares en nuestros territorios. Rechazamos las acciones emprendidas durante y después del operativo militar, donde se desplazaron vía fluvial alrededor de 25 efectivos y vía terrestre al menos 9 camiones de militares.

Frente a los antecedentes y circunstancias antes planteadas, la nacionalidad Shuar mediante sus organizaciones y centros resolvemos:
a)      Ratificar el Estado de emergencia y alerta a todo el territorio Shuar del sur de la provincia de Morona Santiago.
b)      Rechazar cualquier tipo de incursión militar en nuestros territorios por parte del ejército ecuatoriano.
c)      Responsabilizar al gobierno nacional por las posibles consecuencias que estos actos de incursión militar puedan provocar.
d)     Rechazar la protección que el ejército ecuatoriano proporciona a las empresas transnacionales.
e)      Exigir a las autoridades que cualquier acción que se vaya a realizar en territorio Shuar, sea coordinado con las autoridades legítimamente reconocidas de esta nacionalidad.
f)       Instar al Estado ecuatoriano a enmendar y rectificar las declaraciones vertidas en contra de nuestro hermano Shuar fallecido, en las que se lo asocia a grupos delictivos armados. 
g)      Exigir que se cree una Comisión Especial independiente para el esclarecimiento del caso, en la que participen también, autoridades del movimiento indígena y la nacionalidad Shuar; como a la vez la incorporación de investigadores y peritos independientes.
h)      Que cualquier operativo o incursión del ejército que planee el gobierno debería hacerse previa autorización, conocimiento y coordinación con las autoridades comunitarias
i)        CONVOCAR a las organizaciones nacionales y regionales: CONAIE, GONOAE, ECUARUNARI, Asamblea de los Pueblos del Sur, a las organizaciones de segundo grado y Federaciones Shuar, y a las comunidades de base, a la Gran Asamblea que se realizará el día viernes 15 de noviembre del presente año a las 09:H00, en la casa comunal del Centro Shuar Kupiamais. En dicha Asamblea se tomarán decisiones y acciones jurídicas y políticas definitivas frente a los hechos ocurridos, a la violación de derechos colectivos y a las problemática minera en la región. Esta Asamblea culminará con una rueda de prensa en el mismo lugar a  las 16:H00, a la cual se invitará a los medios de comunicación locales y nacionales.   
Kupiamais, cantón Gualaquiza, 13 de noviembre de 2013
Firman este pronunciamiento,
Raúl Ankuash
SÍNDICO DEL CENTRO SHUAR KUPIAMAIS
Luis Domingo Tiwiram Taish
VICE SÍNDICO DE LA ASOCIACIÓN TARIMIAT
Vicente Tsamaraint
SÍNDICO DE AYANTAS
Jorge Yankur
SÍNDICO DE KAMPANAK ENTSA
Adela Wampash
SÍNDICA DE PIUNTS
Bosco Santiak
PUEBLO SHUAR ARUTAM
Domingo Ankuash
EX PRESIDENTE DE LA CONAIE
EX PRESIDENTE DE LA CONFENIAE
EX PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN SHUAR
Abel Arpi
ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS DEL SUR

Tuesday, 12 November 2013

OCMAL: Nota sobre asesinatos de defensores de DDHH y de la naturaleza en Latinoamerica

DECLARACIÓN V ENCUENTRO DEL OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS DE AMÉRICA LATINA -OCMAL

fuente: OCMAL
Lima – Perú. Noviembre 9 de 2013
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina -OCMAL-, reunido en su V Encuentro en la peruana ciudad de Lima, manifiesta su total repudio a la cadena de asesinatos que ha tenido lugar en las últimas semanas en Nuestra América, y que el día de ayer cobró una nueva víctima en el hermano país de Ecuador. El compañero Fredi Ramiro Taish Tiwiram, de la comunidad indígena Shuar, fue asesinado en un confuso operativo del ejército ecuatoriano frente a la llamada minería ilegal. Es de resaltar que el pueblo Shuar está siendo doblemente atacado, por la presencia de la minería trasnacional, y la pequeña minería existente en la zona. Este nuevo crímen se suma al que recientemente tuvo lugar en Colombia, donde se segó la vida de César García quien oficiaba como integrante del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca, reconocido lider de la oposición al proyecto minero la Colosa -impulsado por la trasnacional Anglo Gold Ashanti. Asesinatos que nos recuerdan los perpetrados también en Bolivia contra José Mamani, y el que tuvo lugar en Malku Qota y los ocho heridos por balas el pasado año en ese mismo país; la represión, judicialización y muertos en el Perú por la oposición a la minería en el proyecto Conga, de la empresa Yanacocha, y en la Provincia de Espinar con el proyecto de la empresa Glencore Xstrata, entre muchos otros casos.

Para el OCMAL, estos asesinatos no pueden ser entendidos de manera aislada a la imposición del modelo extractivo minero en la región. Al contrario, hacen parte de un escenario de conflictividad agenciado por la irrupción corporativa en territorios hoy disputados por empresas que despliegan estrategias de despojo comunitario. Si estos agentes externos no hubiesen llegado con sus proyectos a los territorios, seguramente las esposas, los hijos, las familias y las comunidades de nuestros compañeros hoy continuarían contando con su compañía, con sus enseñanzas y sus sonrisas.
Manifestamos nuestra profunda preocupación e indignación por la creciente criminalización de los defensores de la naturaleza en la región, estrategia que está siendo utilizada por las empresas y los gobiernos latinoamericanos, incluso por algunos de aquellos que se autoreferencian como progresistas o alternativos. Entendemos estas estrategias de criminalización en un sentido amplio, pasando por la estigmatización, la invisibilización, las amenazas individuales y colectivas, la judicialización, la represión y la militarización de los territorios, y que incluso desembocan en asesinatos, como lo hacen manifiestos las recientes muertes que hemos señalado, y las que históricamente han tenido lugar en nuestros países. En última instancia, la criminalización en nuestra región hoy pretende anular la posibilidad de ser diferentes, de ejercer libremente la oposición y la denuncia de la destrucción, y la posibilidad de mantener relaciones armónicas con la naturaleza.
Invitamos a los pueblos hermanos y a sus organizaciones nacionales e internacionales, a rodear con la solidaridad que les caracteriza a las familias y comunidades que hoy se enlutan como consecuencia de la desaparición física de nuestros compañeros. La solidaridad que expresa la ternura de nuestros pueblos nos hará recordar para siempre que la muerte ofertada por el modelo extractivo no podrá acallar la lucha, ni opacar la alegria de hombres y mujeres libres, dignos y solidarias.
Exigimos a las instituciones competentes de los países en los que han sido perpetrados los crímenes, celeridad y esclarecimiento de los móviles, y la identificación y captura de los autores intelectuales y materiales de los ataques. Exigimos también que se respeten los regímenes constitucionales y los tratados internacionales para la garantía del derecho a un ambiente sano como condición necesaria para proteger el derecho a la vida. Exigimos también la revisión de los marcos normativos y legislaciones que favorecen la impunidad de los crímenes económicos y ecológicos de las empresas y corporaciones, y que se hacen manifiestas, entre otras, en la ley minera en trámite en Bolivia, y la ley de resguardo del orden público en Chile, despropósitos que además profundizan la represión social.
Solicitamos respetuosamente a los organismos internacionales de derechos humanos su acompañamiento preventivo a las comunidades que se encuentran en grave riesgo por los conflictos socio ambientales que el modelo extractivo ha implantado y exacerbado. Asimismo solicitamos su pronunciamiento y acción frente a la falta de garantías en nuestros países para ejercer el legítimo derecho a la protesta pacífica y a la organización social para la defensa territorial.
Porque celebramos la vida, la minería en Nuestra América no pasará.
Lima, 9 de Noviembre de 2013.