PRONUNCIAMIENTO
POR LA JUSTICIA SOCIAL Y AMBIENTAL Y POR LA PAZ EN AMERINDIA
Reunidos en Quito, representantes hombres y mujeres de organizaciones sociales de Guatemala, Honduras, México, El Salvador, Argentina, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, de comunidades indígenas y de comunidades cristianas de base de estos países, nos dirigimos a nuestros gobernantes, medios de comunicación, autoridades eclesiásticas, hermanos y hermanas de nuestros pueblos que luchan y resisten por la prohibición de actividades mineras en donde éstas aun no se han instalado o por mecanismos estrictos y de regulación ambiental y fiscal de las mismas en países donde ya se hallan instaladas.
Vemos que el capitalismo ha causado graves daños ambientales, por lo que todo el planeta se halla hoy en peligro debido a la voracidad del consumo de los países ricos y el lucro un grupo reducido de corporaciones transnacionales. La reproducción de este sistema, reproduce también el sometimiento de nuestros pueblos y el despojo agresivo de nuestras riquezas naturales.
Consideramos que este sistema debe ser cambiado y que la justicia social que por siglos venimos reclamando debe extenderse también a la justicia con la tierra. Como nos enseña la sabiduría de nuestros hermanos de la amazonia y de las comunidades andinas: “Debemos cuidar la tierra porque ella nos cuida”, su lucha entonces no es solo por su territorio, sino por salvar la humanidad entera. Por ello, nos comprometemos a seguir trabajando solidariamente, sin descanso, porque la lucha de nuestros pueblos sea reconocida como una lucha justa y logre sus objetivos, y levantamos nuestra voz de indignación y protesta frente a abusos y violaciones de derechos humanos fundamentales de muchos de nuestros hermanos y hermanas en el continente:
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Condenamos las políticas desarrollistas primario exportadoras que buscan despojar, una vez más, de sus tierras a las comunidades indígenas y campesinas. En particular, nos solidarizamos con los pueblos Awajún, Achuar, Wampis y Shuar de la amazonía nororiental de Bagua- Perú cuyos miembros han sido asesinados por defender sus territorios. Igualmente, exigimos sanción para los responsables políticos y directos de todas las víctimas (indígenas y policías). Así como la investigación sobre los numerosos desaparecidos, el alto inmediato a la persecución de los líderes indígenas y el cese de las acciones de hostigamiento y criminalización contra ellos.
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Nuestra solidaridad con los diez líderes campesinos de la provincia de San Marcos, en el Departamento de Cajamarca en Perú que próximamente van a ser sentenciados por el poder judicial por haberse opuesto a la realización de actividades mineras en la cabecera de sus cuencas y haberse defendido de las acciones de hostigamiento de los grupos paramilitares organizados por la transnacional minera Vale Do Rio Doce. Exigimos justicia para ellos y sanción para los responsables de la empresa minera.
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Pedimos a las autoridades del gobierno boliviano se proteja los derechos y la seguridad de nuestros hermanos del CEPA de Oruro en Bolivia, miembros del OCMAL, que por defender los derechos de las comunidades afectadas por las actividades mineras hoy son víctimas del hostigamiento de sectores mineros movilizados para atacar al Hno. Gilberto Pauwels - OMI y los colaboradores de su equipo. Un gobierno que se precia de defender los derechos de la tierra no puede permitir que empresas mineras irresponsables amenacen impunemente a los defensores de los derechos sociales y ambientales de las comunidades que se ven afectadas.
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Reconocemos el gran avance pastoral de nuestros obispos, declarado en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en La Aparecida: “(hay que buscar) un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología natural y humana, que se fundamenta en el evangelio de la justicia, la solidaridad y el destino universal de los bienes, y que supere la lógica utilitarista e individualista, que no somete a criterios éticos los poderes económicos y tecnológicos. Por tanto, alentar a nuestros campesinos a que se organicen de tal manera que puedan lograr su justo reclamo” (474,c) y que hay que “Profundizar la presencia pastoral en las poblaciones más frágiles y amenazadas por el desarrollo depredatorio” (474b) por ello, exhortamos a los obispos a apoyar decididamente a sus sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes de pastoral que defienden la vida, y que por ello, muchas veces se ven amenazados por las empresas mineras o aun por las acciones de los Estados que protegen intereses privados en vez del bien común. Expresamos nuestra fraternidad y solidaridad con los sacerdotes claretianos del Lago de Izabal de Guatemala cambiados recientemente por el obispo, así como con el padre Wimper Zaldunbide, que está siendo incomprendido y hostigado por haber acompañado a su pueblo en la lucha contra las empresas mineras que quieren imponerse en esta comunidad sin respetar su derecho a vivir en un ambiente sano y saludable.
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Nuestro enérgico rechazo a la restricción de libertades democráticas y los procesos de criminalización cada vez más extendidos en nuestros países para expandir las industrias extractivas, lo que está llevando a que cada vez haya más personas denunciadas, encarceladas, asesinadas o desaparecidas. De manera especial, expresamos nuestra preocupación por el compañero Gustavo Marcelo Rivera Moreno, miembro de una organización popular de la República de El Salvador que por haber luchado contra la minera Pacific Rim se halla actualmente desaparecido.
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Los problemas derivados del calentamiento global nos llama a tomar especial atención en la disminución de las fuentes de agua de calidad para el consumo de la población, por esta creciente amenaza exigimos se respeten las leyes en defensa de los glaciares y espejos de agua en la cordillera de los andes por ser estos la fuente del agua del continente Sudamericano.
Por último nos solidarizamos con el hermano pueblo de Honduras, repudiamos la ruptura de la democracia, el amedrentamiento y la violación de los derechos de la población. Llamamos a hacer todos los esfuerzos posibles para restituir el Estado de derecho y garantizar de inmediato la democracia.
Los miembros del OCMAL que nos hemos reunido del 3 al 5 de julio en Quito, nos reafirmamos en nuestras convicciones y valores por construir un mundo más justo y luchar por el derecho al buen vivir que hemos aprendido de nuestros hermanos indígenas, y anunciamos que seguiremos fortaleciendo la solidaridad entre nuestros pueblos y organizaciones para construir un mundo social y ecológicamente justo.
Quito, 05 de julio 2009
Firmas:
FRENTE AMPLIO OPOSITOR, MEXICO
FRENTE DE DEFENSA DEL VALLE DE SAN LORENZO Y TAMBO GRANDE, PERU
CENTRAL ACRE ANTEQUERA, BOLIVIA
VICARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE JAEN, PERU
CUNNRC, PERU
CAMPANHA JUSTICIA NOS TRILHOS, BRASIL
MACH, RENACE, UAC, ARGENTINA
COOPERACCION, PERU
ASOCIACION DE ARTESANOS DE EL ORO, ECUADOR
CENSAR AGUA VIVA, COLOMBIA
CONFERRE, CHILE
CLUB CONDOR, ECUADOR
OCAS, CHILE
FECAC-BRUNARI, ECUADOR
RED MINERIA Y COMUNIDADES, PERU
CEPA, BOLIVIA
ADES, EL SALVADOR
COLECTIVO CASA, BOLIVIA
RED ORGANIZACIONES SOCIALES, CHILE
MINAS Y COMUNIDADES, ARGENTINA
PASTORAL INDIGENA, ECUADOR
RED MUQUI, PERU
OLCA, CHILE
ASALY, GUATEMALA
CDNSVCP, ECUADOR
JPG, ECUADOR
COMITE AMBIENTAL DEL VALLE DE SIRIA, HONDURAS
FOBOMADE, BOLIVIA
RED DE MUJERES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS SOCIOAMBIENTALES, AMERICA LATINA
ACCION ECOLOGICA, ECUADOR
FUNDACION VIENTOS DE VIDA, ECUADOR
GRUFIDES, PERU
CEDIB, BOLIVIA
OBSERVATORIO BOLIVIANO DE CONFLICTOS MINEROS
COMITE DE DAMAS EN DEFENSA DE LA VIDA Y LA NATURALEZA, ECUADOR
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