Por Gabriel Canihuante
12 de febrero, 2009
Noticias Aliadas -
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La compra de cientos de hectáreas de terrenos rurales, el avance de obras, malas relaciones con la comunidad y temores sobre su futuro, denunciaron organizaciones que se oponen a un proyecto de la megaminera brasileña Vale do Rio Doce en el centro-norte de Chile.
Con una inversión de US$102 millones para producir 18,500 TM anuales de cátodos de cobre, la gigante brasileña, conocida aquí como Compañía Minera Latinoamericana (CMLA), se instaló desde 2005 (para sondeos) en la provincia del Choapa, a 270 km al norte de Santiago, en lo que puede ser el inicio de un vasto trabajo en el norte y centro del país.
El proyecto denominado "Tres Valles" —planificado para operar durante 11 años (2009-2020)— implica la explotación de una mina de superficie (a tajo abierto) y otra subterránea, en las quebradas de Cárcamo y Manquehua, y plantas de chancado y de tratamiento por lixiviación en pilas en la quebrada de Quilmenco.
Noticias Aliadas visitó los valles de Chuchiñí y Chalinga y las quebradas de Quilmenco y Cárcamo para conversar con representantes de organizaciones de Salamanca e Illapel que se oponen a la inversión de esta minera presente en los cinco continentes. El agricultor José Luis Rojo, residente de Chuchiñí, señaló que se sienten "desprotegidos totalmente de las autoridades nacionales.
Acá llegan empresas internacionales con un patrimonio extraordinario, con gente muy bien preparada legal y técnicamente, y enfrentan a un grupo de personas que no tienen mayores conocimientos de lo que vienen a hacer". "Intervendrán sectores muy delicados, de mucha pendiente, donde existe un grupo de pequeñas propiedades y comunidades que viven de la agricultura que serán afectados por la contaminación y la erosión de cerca de 400 Ha", añadió Rojo, miembro del Comité de Defensa del Valle del Chuchiñí, sector donde viven cerca de 900 personas. Gonzalo Vargas, vicepresidente de la citada entidad, estima que la ganadería caprina será afectada casi de inmediato porque esos animales pastaban en el sector de Quilmenco (aledaño a Chuchiñí) que ahora es propiedad de la minera.
"Para nosotros, agricultores que estamos a 2 o 3 km de esa planta, habrá efectos a mediano plazo (5 a 10 años) por la contaminación por aire o por el agua", denunció. Oídos sordos La geógrafa y presidenta del Comité de Defensa del Valle del Chuchiñí, Milca Ulloa, señala que la voz de las comunidades no ha sido escuchada en el proceso de evaluación de impacto ambiental que lleva adelante la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).
"Ellos pretendían que fuéramos a la COREMA [Comisión Regional del Medio Ambiente] simplemente para validar su participación ciudadana, pero nunca pensaron tomar en cuenta las 19 observaciones técnicas que presentamos", dice.
A mediados de enero, la COREMA —integrada por diversas autoridades de la región de Coquimbo— aprobó (por 14 contra 3 votos) una Solicitud de Autorización Provisoria (SAP) para que Vale continúe realizando lo que llaman "obras tempranas".
Este es uno de los recursos legales que permiten a una empresa llevar adelante ciertas obras aunque no haya sido aprobado aún su proyecto mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) exigido por ley para grandes proyectos. En el caso de "Tres Valles", Vale presentó a la CONAMA un segundo EIA en octubre del 2008 luego que retirara el primero. Representantes del Comité de Defensa del Cuchiñí denunciaron que se trasladará una parte de las faenas (la planta de lixiviación) de un sector a otro, pero sin mayores cambios.
"Nuestro gran temor —añade Ulloa— es que los residuos o el ácido sulfúrico que se emplea en el proceso de lixiviación pueden filtrar hacia las napas subterráneas o al sistema hidrológico al que pertenece el río Choapa, principal recurso hídrico nuestro".
Anunció que diversas organizaciones como el Comité de Defensa del Chuchiñí, la Agrupación de Defensa del Valle de Chalinga, la Organización Medioambiental de Salamanca y la Acción Medioambiental Ciudadana de Illapel, se encuentran preparando acciones legales, como un recurso de protección que se presentará a tribunales, para suspender las obras.
"Evaluamos otras acciones mayores porque estamos en todos los frentes. Seguimos trabajando con las observaciones técnicas al segundo EIA", señala. Cristina Farías, dirigente de la Agrupación del Valle de Chalinga, otro de los sectores afectados, afirma que tienen "la convicción de que Vale puede desistir de su proyecto, pero sabemos que es difícil pararlo.
Creíamos que las autoridades políticas nos podían proteger pero estamos peleando con una gran empresa que trae un megaproyecto y también con las autoridades, quienes sólo ven lo económico". ¿Desarrollo sustentable?
El principal argumento de autoridades y algunas comunidades locales para la aprobación de este proyecto es que dará empleo y traerá ingresos que hoy no existen a estas zonas rurales.
Los directivos de Vale en Chile han declarado sus intenciones de llevar adelante un proyecto en el marco del desarrollo sustentable, tal como lo afirman en sus documentos oficiales en Internet. "Tres Valles, más que un proyecto económico, es un proyecto estratégico para Vale.
Es el proyecto con que la compañía quiere entrar a Chile como operación", declaró Carlos Roa, gerente del proyecto Tres Valles de CMLA a la revista Coquimbo, región minera (diciembre de 2008), publicación de carácter corporativo financiada por diversas empresas mineras que operan en esta región.
"Hasta ahora y desde el 2003 estábamos en etapas de prospección y exploración, pero éste sería nuestro primer proyecto en operación", añadió Roa.
El ingeniero agrónomo Marcelo Gamboa, director regional de la CONAMA, sostiene que no es el objetivo de ellos defender a las comunidades frente a las grandes empresas.
"A nosotros la ley de bases (19.300) y el reglamento nos piden administrar el SEIA [Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental] y evaluar a conciencia.
Lo que hacemos es involucrar a la ciudadanía para que al menos esté informada, para que tenga criterios para analizar y opinar fundadamente". Gamboa afirma que Vale ha actuado dentro de los marcos de la legislación ambiental y que si la COREMA aprobó la solicitud de autorización provisoria, lo hizo porque el informe de la empresa era correcto técnicamente.
"Las medidas que se plantean respecto de los impactos ambientales se consideran adecuadas, es decir, las medidas de mitigación, reparación y compensación", declaró a Noticias Aliadas.
Que haya comunidades que se opongan al proyecto y que, no obstante, el Estado conceda a Vale una autorización provisoria para operar, se explica porque "la ley y el reglamento no establecen una vinculación entre los pronunciamientos de la ciudadanía y el pronunciamiento de la COREMA", argumenta Gamboa.
Frente a la desconfianza que las organizaciones tienen en la institucionalidad ambiental, Gamboa recordó que actualmente el Parlamento discute una nueva ley que reemplace a la Ley 19.300 General de Bases del Medio Ambiente.
Con una inversión de US$102 millones para producir 18,500 TM anuales de cátodos de cobre, la gigante brasileña, conocida aquí como Compañía Minera Latinoamericana (CMLA), se instaló desde 2005 (para sondeos) en la provincia del Choapa, a 270 km al norte de Santiago, en lo que puede ser el inicio de un vasto trabajo en el norte y centro del país.
El proyecto denominado "Tres Valles" —planificado para operar durante 11 años (2009-2020)— implica la explotación de una mina de superficie (a tajo abierto) y otra subterránea, en las quebradas de Cárcamo y Manquehua, y plantas de chancado y de tratamiento por lixiviación en pilas en la quebrada de Quilmenco.
Noticias Aliadas visitó los valles de Chuchiñí y Chalinga y las quebradas de Quilmenco y Cárcamo para conversar con representantes de organizaciones de Salamanca e Illapel que se oponen a la inversión de esta minera presente en los cinco continentes. El agricultor José Luis Rojo, residente de Chuchiñí, señaló que se sienten "desprotegidos totalmente de las autoridades nacionales.
Acá llegan empresas internacionales con un patrimonio extraordinario, con gente muy bien preparada legal y técnicamente, y enfrentan a un grupo de personas que no tienen mayores conocimientos de lo que vienen a hacer". "Intervendrán sectores muy delicados, de mucha pendiente, donde existe un grupo de pequeñas propiedades y comunidades que viven de la agricultura que serán afectados por la contaminación y la erosión de cerca de 400 Ha", añadió Rojo, miembro del Comité de Defensa del Valle del Chuchiñí, sector donde viven cerca de 900 personas. Gonzalo Vargas, vicepresidente de la citada entidad, estima que la ganadería caprina será afectada casi de inmediato porque esos animales pastaban en el sector de Quilmenco (aledaño a Chuchiñí) que ahora es propiedad de la minera.
"Para nosotros, agricultores que estamos a 2 o 3 km de esa planta, habrá efectos a mediano plazo (5 a 10 años) por la contaminación por aire o por el agua", denunció. Oídos sordos La geógrafa y presidenta del Comité de Defensa del Valle del Chuchiñí, Milca Ulloa, señala que la voz de las comunidades no ha sido escuchada en el proceso de evaluación de impacto ambiental que lleva adelante la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).
"Ellos pretendían que fuéramos a la COREMA [Comisión Regional del Medio Ambiente] simplemente para validar su participación ciudadana, pero nunca pensaron tomar en cuenta las 19 observaciones técnicas que presentamos", dice.
A mediados de enero, la COREMA —integrada por diversas autoridades de la región de Coquimbo— aprobó (por 14 contra 3 votos) una Solicitud de Autorización Provisoria (SAP) para que Vale continúe realizando lo que llaman "obras tempranas".
Este es uno de los recursos legales que permiten a una empresa llevar adelante ciertas obras aunque no haya sido aprobado aún su proyecto mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) exigido por ley para grandes proyectos. En el caso de "Tres Valles", Vale presentó a la CONAMA un segundo EIA en octubre del 2008 luego que retirara el primero. Representantes del Comité de Defensa del Cuchiñí denunciaron que se trasladará una parte de las faenas (la planta de lixiviación) de un sector a otro, pero sin mayores cambios.
"Nuestro gran temor —añade Ulloa— es que los residuos o el ácido sulfúrico que se emplea en el proceso de lixiviación pueden filtrar hacia las napas subterráneas o al sistema hidrológico al que pertenece el río Choapa, principal recurso hídrico nuestro".
Anunció que diversas organizaciones como el Comité de Defensa del Chuchiñí, la Agrupación de Defensa del Valle de Chalinga, la Organización Medioambiental de Salamanca y la Acción Medioambiental Ciudadana de Illapel, se encuentran preparando acciones legales, como un recurso de protección que se presentará a tribunales, para suspender las obras.
"Evaluamos otras acciones mayores porque estamos en todos los frentes. Seguimos trabajando con las observaciones técnicas al segundo EIA", señala. Cristina Farías, dirigente de la Agrupación del Valle de Chalinga, otro de los sectores afectados, afirma que tienen "la convicción de que Vale puede desistir de su proyecto, pero sabemos que es difícil pararlo.
Creíamos que las autoridades políticas nos podían proteger pero estamos peleando con una gran empresa que trae un megaproyecto y también con las autoridades, quienes sólo ven lo económico". ¿Desarrollo sustentable?
El principal argumento de autoridades y algunas comunidades locales para la aprobación de este proyecto es que dará empleo y traerá ingresos que hoy no existen a estas zonas rurales.
Los directivos de Vale en Chile han declarado sus intenciones de llevar adelante un proyecto en el marco del desarrollo sustentable, tal como lo afirman en sus documentos oficiales en Internet. "Tres Valles, más que un proyecto económico, es un proyecto estratégico para Vale.
Es el proyecto con que la compañía quiere entrar a Chile como operación", declaró Carlos Roa, gerente del proyecto Tres Valles de CMLA a la revista Coquimbo, región minera (diciembre de 2008), publicación de carácter corporativo financiada por diversas empresas mineras que operan en esta región.
"Hasta ahora y desde el 2003 estábamos en etapas de prospección y exploración, pero éste sería nuestro primer proyecto en operación", añadió Roa.
El ingeniero agrónomo Marcelo Gamboa, director regional de la CONAMA, sostiene que no es el objetivo de ellos defender a las comunidades frente a las grandes empresas.
"A nosotros la ley de bases (19.300) y el reglamento nos piden administrar el SEIA [Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental] y evaluar a conciencia.
Lo que hacemos es involucrar a la ciudadanía para que al menos esté informada, para que tenga criterios para analizar y opinar fundadamente". Gamboa afirma que Vale ha actuado dentro de los marcos de la legislación ambiental y que si la COREMA aprobó la solicitud de autorización provisoria, lo hizo porque el informe de la empresa era correcto técnicamente.
"Las medidas que se plantean respecto de los impactos ambientales se consideran adecuadas, es decir, las medidas de mitigación, reparación y compensación", declaró a Noticias Aliadas.
Que haya comunidades que se opongan al proyecto y que, no obstante, el Estado conceda a Vale una autorización provisoria para operar, se explica porque "la ley y el reglamento no establecen una vinculación entre los pronunciamientos de la ciudadanía y el pronunciamiento de la COREMA", argumenta Gamboa.
Frente a la desconfianza que las organizaciones tienen en la institucionalidad ambiental, Gamboa recordó que actualmente el Parlamento discute una nueva ley que reemplace a la Ley 19.300 General de Bases del Medio Ambiente.
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